El Proyecto de Ley de extinción de Cámaras Agrarias Provinciales de la región, que también establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, ha quedado aprobado este jueves en el pleno de las Cortes tras la votación, y el rechazo de las enmiendas de Cs y PP.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido la necesidad de este texto, que extingue las cámaras agrarias provinciales, que ya no tienen finalidad de representar los intereses de agricultores y ganaderos y que «deberían haberse extinguido hace tiempo».

«Hoy hacemos lo que nos toca y debemos hacer», ha indicado Martínez Arroyo, que ha recordado que en la mayor parte de las comunidades autónomas están extinguidas, agradeciendo el trabajo de todas las personas que han estado al frente de las cámaras agrarias durante estos años en los que no han tenido función.

Tras reseñar que el personal de las mismas pertenece a la Consejería de Agricultura desde el año 2003, ha explicado que la norma recoge el procedimiento por el que se liquida el patrimonio de las cámaras y su destino, que será el patrimonio de la Junta de Comunidades –quedando adscrito a la Consejería con competencias en la materia– pudiendo usarse sólo con fines de interés agrario.

La Ley crea una comisión liquidadora para liquidar estos bienes, con representantes de la Consejería de Agricultura, la FEMP Castilla-La Mancha y las organizaciones profesionales agrarias y se recoge que el patrimonio dinerario se debe destinar a infraestructuras agrarias de la provincia de la Cámara que haya generado esos recursos, como ya han hecho las de Albacete y Toledo.

Igualmente, se recoge la obligación de devolver a aquellas organizaciones sindicales y políticas el patrimonio incautado de forma ilegal durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, un patrimonio que podrá ser recuperado por aquellos que lo ostentaban con solo probarlo. Martínez Arroyo ha avanzado que ya existe una solicitud en Tarazona, por una Casa del Pueblo del PSOE que fue incautada durante la guerra, y que forma parte del patrimonio de la Cámara Agraria de Albacete.

HUERTOS FAMILIARES

«El objetivo del conjunto de la ley es modernizar realmente la gestión del patrimonio vinculado a las cámaras agrarias y que puedan tener sus sedes reconocidas legalmente y que los municipios puedan utilizar legalmente el patrimonio que hoy están utilizando», además de permitir a todos los propietarios de huertos familiares que puedan hacer uso de ellos sin la tutela de la administración.

La ley, ha dicho, no erosiona los intereses de los agricultores y ganaderos –cuyos representantes han acudido a las Cortes– y se va a aprobar por la mayoría del PSOE, considerando «un poco surrealista» que el PP haya avanzado que no la vaya a apoyar. A los ‘populares’ les ha señalado que esto no es una expropiación de nada y reprochado que no se hayan leído su contenido, pues no se centraliza todo en Toledo, ni es «opaca».

En los mismos términos se ha expresado la defensora del dictamen, la socialista Joaquina Saiz, que ha detallado que las cámaras agrarias son un «órgano en desuso» porque «los fines para los que nacieron de representación, gestión y prestación de servicios, ya no son llevados a cabo por las mismas».

Además, mediante la ley «se resolverá una problemática sobre la transmisión de huertos familiares, porque la propiedad no era de sus dueños» y se le da solución, estableciendo un régimen jurídico para afrontar este tema. Una ley, ha remarcado Saiz, «que beneficia a todo el sector agrario» de la región y que cuenta con el consenso de todo el sector.

CS: «QUE IMPERE LO JUSTO»

Desde Cs, la parlamentaria Elena Jaime ha considerado que esta norma llega «tarde y mal», con 16 años de retraso, lo que ha motivado que las cámaras agrarias provinciales lleven mucho tiempo «en un limbo muy difícil de explicar».

Ha defendido la enmienda que mantenía su grupo al texto, que pide que en las comisiones liquidadoras estén representadas todas las organizaciones profesionales agrarias con representación en la región y no solo las representadas en el Consejo Asesor Agrario, y aunque ha asumido que al Gobierno regional esta enmienda «ni les va ni les viene», ha confiado en que «impere» lo que es justo para todos los castellanomanchegos.

De su lado, el diputado del PP Emilio Bravo, que ha defendido las cuatro enmiendas a la norma presentadas por su partido, ha lamentado una ley «expropiatoria» de un patrimonio que no pertenece al Gobierno regional, sino que es anterior incluso a la existencia de la Junta, pidiendo que se escrituren los bienes a nombre de quienes los tienen ahora.

PP: «LOS BIENES NO SON SUYOS»

Bravo ha criticado además que el proyecto recentralice la gestión de las cámaras agrarias y la opacidad del destino que quiere darle la Junta a los bienes que se liquiden. «Los bienes no son suyos, se formaron con aportaciones económicas y el trabajo de agricultores y ganaderos», ha precisado, pidiendo al Ejecutivo «que no se apropie de lo que no es suyo» y expresando sus «dudas» sobre esta cuestión, ya que en el Ejecutivo actual, a su juicio, «manejan partidistamente todo lo que hacen», ha concluido.

La defensora del dictamen ha respondido a ambos que las organizaciones agrarias no pueden estar representadas en la comisión liquidadora, y al PP que el patrimonio de las cámaras debe destinarse a fines y servicios de interés agrario y no de otro tipo.

«Con estas enmiendas el PSOE y el Gobierno de Page darían la espalda al sector agrario y no la vamos a dar», ha finalizado Joaquina Saiz, que ha declarado que esta es una ley que cumple con el sector y antepone «el interés agrario ante todo».

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