El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado un impacto inmediato en la economía de Castilla-La Mancha, especialmente en el sector empresarial, que coincide en señalar una situación de «miedo e incertidumbre» ante el incremento de los precios de la energía.

En Toledo, Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), ha advertido sobre los riesgos económicos derivados de la inflación, subrayando que «estamos teniendo un incremento de precios no porque haya una mayor demanda, sino como consecuencia de lo que está pasando en la guerra».

Madruga ha reclamado la aplicación de medidas fiscales inmediatas, proponiendo «rebajar el IVA por lo menos un 10 %, lo cual aliviaría a los consumidores», y ha añadido que «los impuestos especiales se deberían rebajar a un 50 %, que es lo que de alguna manera aliviaría también a los profesionales».

Además, ha solicitado «una serie de bonificaciones de céntimos en litro que deberían aplicarse sobre todas las empresas para evitar una escalada de precios». Madruga ha criticado la lentitud en la toma de decisiones: «vamos tarde», y ha recordado que «hay otros países que nos aventajan y esto ya sucedió en la guerra de Ucrania».

En Ciudad Real, Carlos Marín, presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), ha señalado que «ya hay muchos países europeos que han ayudado a empresas» mientras que en España «todavía estamos esperando». Marín ha lamentado que «teníamos que haber sido mucho más rápidos», y ha diferenciado entre la respuesta del Gobierno regional, «que cuando suceden las cosas se actúa de forma rápida», y la del Gobierno nacional, «que no hace lo mismo».

Marín ha alertado del «miedo e incertidumbre» con el que muchas empresas afrontan el impacto de la guerra en los mercados energéticos, especialmente en sectores intensivos en consumo energético como el transporte por carretera, el taxi, los autobuses o la industria cerámica.

Según Marín, el aumento de costes se produce de forma inmediata, mientras que las empresas no siempre pueden repercutirlo con la misma rapidez en los precios de sus servicios o productos, lo que genera preocupación entre los pequeños negocios.

En Guadalajara, Marisol García, presidenta de la CEOE-Cepyme, ha destacado la «gran incertidumbre» entre el empresariado ante el conflicto, señalando que «no se sabe dónde va a escalar esto». García ha incidido en el impacto sobre el sector logístico y en cómo «repercute en toda la cadena de valor», ya que «todo se transporta».

Según García, «al final la incertidumbre pues lógicamente retrae inversiones, retrae contrataciones, de hecho el paro se ha incrementado en el mes de febrero y la posible tendencia es esa». Por ello, ha pedido que «se adopten medidas por lo menos a nivel nacional para que esa carga se minimice lo máximo posible».

En Albacete, Artemio Pérez, presidente de la Federación de Empresarios, ha advertido que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio pueden ser más graves en España que las de la guerra de Ucrania, al afectar a los suministros directos de energía. Pérez ha señalado que los sectores más perjudicados en la provincia han sido «el del metal y el del calzado», y ha alertado de la paralización de muchos proyectos.

Además, ha apuntado que la construcción y la vivienda también se ven afectadas, con incrementos de costes de «un 30, un 40, un 50 %». Pérez ha coincidido en la necesidad de establecer bonificaciones rápidas en la bajada del combustible, aunque ha advertido que estas medidas solo sirven para «mitigar el daño», ya que «atajar el problema que es la producción de energía». Asimismo, ha reclamado el desarrollo de un nuevo «escudo social» y «escudos también para las empresas».

En Cuenca, David Peña, presidente de la Confederación de Empresarios, ha apoyado la bajada del IVA de la gasolina «para que se mantenga la recaudación pública en los niveles que estaba, con el fin de salvaguardar servicios públicos, pero que tampoco se recaude el doble perjudicando a empresas y consumidores».

Peña ha señalado que la vía de la bonificación «también puede estar bien», aunque ha advertido de los problemas burocráticos que implica para las empresas. Por su parte, Juan González, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de Cuenca (Acutrans), ha propuesto incentivos a empresas y familias y la revisión de la fórmula del combustible. González ha recordado que algunas organizaciones nacionales del transporte han solicitado al Ministerio la modificación temporal del método para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible, «una medida que ya fue puesta en marcha en 2022».

Además, ha reclamado a los cargadores el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 15/2009, subrayando que «es necesario que esta cláusula sea de obligado cumplimiento por parte de todos los cargadores».

El sector empresarial de Castilla-La Mancha coincide en la urgencia de adoptar medidas fiscales y de apoyo para mitigar el impacto del conflicto internacional y el alza de los precios energéticos, en un contexto marcado por la incertidumbre y el temor a una crisis prolongada.