La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha ha convocado movilizaciones para el próximo 27 de septiembre con el objetivo de reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pueda realizarse dentro de la red sanitaria pública de la región.
Bajo el lema «Ni privatizado ni derivado: aborto en la pública», las organizaciones que integran la plataforma denuncian que las mujeres que solicitan esta prestación son derivadas a centros privados y consideran que este modelo puede generar dificultades adicionales, especialmente para quienes viven en zonas rurales o tienen menos posibilidades para desplazarse.
La plataforma sostiene que los desplazamientos, la necesidad de solicitar permisos laborales o de contar con acompañamiento pueden provocar diferencias en las condiciones en las que las mujeres acceden a la prestación.
Según los datos aportados por la propia organización, el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha durante 2024 se practicaron en clínicas privadas. Añade que alrededor del 60 % de las mujeres que decidieron abortar en la región durante los últimos 15 años tuvieron que desplazarse fuera de Castilla-La Mancha.
Las organizaciones reconocen como un avance el anuncio de la creación de un centro público para prestar este servicio, pero consideran que un único recurso para toda la comunidad autónoma no garantizaría suficientemente la proximidad. Por ello, reclaman una red pública integrada en el Sescam y disponible en todas las provincias y áreas sanitarias.
Entre sus peticiones a la Junta se encuentra que concrete qué centros realizarán las interrupciones voluntarias del embarazo, cuándo comenzará la prestación y con qué profesionales y recursos contará. También reclama un calendario público para su implantación e información accesible para las mujeres sobre el procedimiento y los recursos disponibles.
La plataforma pide además mayor transparencia sobre los profesionales objetores de conciencia, las derivaciones y las interrupciones realizadas dentro y fuera de Castilla-La Mancha. Defiende que la objeción individual de los sanitarios debe organizarse de manera que no impida o retrase el acceso de las mujeres a la prestación.
Otra de sus reivindicaciones es reforzar la protección de pacientes y profesionales frente a posibles situaciones de acoso o intimidación en los centros donde se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.
Con la movilización del 27 de septiembre, la plataforma pretende reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha una planificación que permita prestar la IVE dentro del sistema sanitario público y con recursos distribuidos por el territorio.
