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Las Cortes de Castilla-La Mancha han instado a asegurar que los derechos de niñas y niños se sitúen en el centro de las medidas de atención a la crisis y recuperación, así como a tomar decisiones «firmes» para garantizar que ningún niño y ninguna niña se quede atrás, y que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial.

Así reza la declaración institucional con motivo del Día Universal de la Infancia que ha leído el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, y en la que los tres partidos con representación en las Cortes -PSOE, PP y Cs- han admitido que antes de la llegada del coronavirus, la pobreza y la exclusión afectaban a cerca del 33% la población infantil en Castilla-La Mancha. «Muchas familias están afrontando la situación generada por la COVID-19 desde condiciones de extrema vulnerabilidad», ha alertado.



«Por ello, debemos trabajar juntos para prevenir que la crisis originada por la pandemia se convierta en una crisis duradera para la infancia, especialmente la más vulnerable».

Dicha declaración admite que la crisis originada por la pandemia de la COVID-19 «está teniendo graves consecuencias para la infancia», pues se está dando un incremento de la pobreza infantil y las desigualdades, un agravamiento de la brecha educativa, y una amenaza a la salud física y mental de niños, niñas, adolescentes y sus familias.


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«Estas consecuencias están impactando de manera más acentuada en quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que en este Día Universal de la Infancia 2020 queremos recordar nuestro compromiso con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», reza el texto.

«La situación actual está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, por lo que renovar el compromiso con los derechos de la infancia resulta ineludible», ha dicho Bellido.


Considera el Parlamento castellanomanchego que es momento de «reimaginar un mundo mejor para la infancia», cuando se inicia además la década de acción para el desarrollo sostenible. «Para ello, será fundamental que desde todos los poderes públicos renovemos el compromiso con la Agenda 2030 como hoja de ruta colectiva para responder a la emergencia actual y para reconstruir mejor, reimaginando un mundo más equitativo, sostenible y justo para todas y todos».

«Para hacer esto realidad, será imprescindible que aseguremos que los derechos de niñas y niños se ponen en el centro de las medidas de atención a la crisis y recuperación, siguiendo la senda que marca la aprobación hace más de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989».

ACCIONES A DESARROLLAR


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Por todo ello, las Cortes de Castilla-La Mancha se comprometen a promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados con los derechos de la infancia en el centro.

De igual modo, asumen tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en la respuesta a la crisis y en la recuperación, que tengan efectos sobre la infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación.


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Se comprometen, de igual modo, a promover las acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, convirtiendo la crisis actual en una oportunidad para invertir en el presente y el futuro de la infancia, reconstruyendo mejor y con un enfoque de sostenibilidad, sin perder de vista la amenaza de la crisis climática y su pernicioso impacto en la infancia.

Escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes, y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación para diseñar junto con ellos y ellas las estrategias para la recuperación de esta crisis, así como promover las acciones que sean necesarias para analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia en la región territorio, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar en consecuencia los planes y programas autonómicos que correspondan, son otras de los compromisos verbalizados este jueves.


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Los tres grupos parlamentarios también han acordado promover las medidas que sean necesarias para abordar el impacto de la crisis en la infancia y la adolescencia, priorizando el abordaje de las cuestiones urgentes ya señaladas por el Comité de los Derechos del Niño, y en el marco de los esfuerzos para el cumplimiento de los ODS o fortalecer el sistema de protección social para garantizar un nivel de vida adecuado para cada niño y niña.

Abordar los retos de la brecha educativa, atajando el fracaso escolar, el abandono temprano y la brecha digital; asegurar medidas especiales de protección para los niños y niñas solicitantes de asilo y refugiados, así como migrantes no acompañados; garantizar los derechos de los niños y niñas privados de un entorno familiar o prevenir, detectar y atender adecuadamente los casos de violencia contra la infancia son otros de los compromisos adoptados.


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Proteger y promover la salud de niños, niñas y adolescentes, con atención especial a la salud mental y los derechos de niños y niñas con discapacidad, fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo, así como reconocer las problemáticas existentes y los multiplicados retos son otros de los deberes que los diputados castellanomanchegos se han impuesto este jueves.

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