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El juzgado de lo Social de Toledo ha ordenado al Gobierno de Castilla-La Mancha «cumplir sin más dilación» las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los agentes medioambientales que le instó a implantar la Inspección de Trabajo en 2016, según la sentencia remitida a los medios por parte del sindicato CCOO:

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, los incumplimientos de la Consejería ahora condenados se remontan a 2011, dirigida entonces por María Luisa Soriano. «Tras advertir reiteradamente a la Administración que se estaba exponiendo a graves riesgos a los agentes, y ante la inacción de la Consejería, CCOO acudió en mayo de 2014 a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo», señala.


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La Inspección constató «los incumplimientos sistemáticos» en que venía incurriendo la consejería y en junio de 2016, ya co Francisco Martínez Arroyo como consejero, instó a corregirlos en el plazo de seis meses, relata CCOO. «En septiembre, emitió un nuevo requerimiento tras comprobar que documentación que había remitido la Administración para intentar aparentar el cumplimiento del requerimiento anterior incidía en falsedades», añade.

En abril de 2017, sigue manifestando, cuatro meses después de vencer todos los plazos, la Inspección volvió a constatar que la Consejería seguía sin cumplir, «más que de forma parcial, los requerimientos reiteradamente formulados».


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«Y dos años y medio más tarde, ya en octubre de 2019, en respuesta a la nueva denuncia planteada por CCOO, la Inspección emitió un demoledor Informe-Denuncia del que se concluye que la Administración demandada no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Inspección realizados en septiembre de 2016, pese al tiempo transcurrido».

Así lo destaca sentencia, que, según CCOO, da por probados todos los hechos denunciados por el sindicato y constatados en los sucesivos informes de la Inspección; rechaza todas las alegaciones de la Junta y condena «a la Administración demandada a dar correcto cumplimiento, sin más dilaciones que las debidas a la preparación de las actuaciones tendentes a la contratación de los servicios que se precisen, a las medidas preventivas requeridas por la Inspección».

LA SENTENCIA

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En concreto, el magistrado-juez ordena a la Junta que «proceda a impartir la formación necesaria a los agentes medioambientales a fin de reducir al mínimo posible el riesgo de violencia; a adoptar medidas eficaces para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los agentes medioambientales y a cumplir con las medidas preventivas propuestas por el servicio de prevención, y concretamente las referidas a la realización de trabajos aislados y tareas que puedan ocasionar un acoso o violencia externa».

«Tanto la Inspección como la sentencia afean a la Consejería tanto haber eludido durante años los requerimientos de la Inspección como los subterfugios con los que trató de aparentar el cumplimiento; y finalmente los argumentos inverosímiles con los que trató de justificarse», apunta CCOO.


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CCOO-FSC valora el trabajo de la Inspección y valora esta sentencia, pero lamenta profundamente haber tenido que acudir una vez más a los juzgados. «Esta es ya la cuarta condena judicial al Gobierno de CLM por poner en riesgo la seguridad de los agentes medioambientales, todas ellas instadas y ganadas por CCOO, tres en primera instancia y otra en el TSJCM».

«Ojalá la Administración hubiese atendido los requerimientos de la Inspección, como era su obligación, en vez de tratar de aparentar el cumplimiento, o directamente de eludirlo, sin consideración alguna para la seguridad de los agentes medioambientales», indica el coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC, Ramón González.



Contra la sentencia cabe recurso de Suplicación ante el TSJCM, «recurso que esperamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha se cuide de presentar y nos ahorre así a todos tiempo y dinero». «Se trata ni más ni menos que de cumplir la Ley para evitar que los agentes medioambientales sigan afrontando en sus tareas cotidianas todo tipo de riesgos, especialmente graves en un colectivo expuesto a acoso y violencia externa, incluso a menudo frente a personas armadas, como recalcan la Inspección y la sentencia».

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