La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que la temporalidad afecta ya al 32 % del profesorado en Castilla-La Mancha, con un total de 10.316 interinos, de los cuales únicamente el 12,2 % percibió el salario correspondiente a los meses de verano. Así lo refleja una encuesta realizada por el sindicato entre marzo y abril, en la que han participado 1.326 docentes dentro de la campaña ‘Y el interino, ¿pa’ cuándo?’, y que pone de manifiesto las principales preocupaciones del colectivo.

El cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados se consolida como la principal reivindicación de los interinos: el 88,7 % de los encuestados considera esta medida esencial y prioritaria. Actualmente, para acceder a este derecho es necesario haber trabajado al menos ocho meses de forma ininterrumpida hasta el 30 de junio, con nombramientos anteriores al 31 de octubre. Sin embargo, el 87,8 % de los interinos que han trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto debido a interrupciones en sus contratos.

«Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas», ha denunciado Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha. Martínez ha añadido: «Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta».

El informe también recoge otras demandas, como la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62 % de los encuestados señala que siempre ha tenido que desplazarse a otras provincias para realizar las oposiciones, lo que ha supuesto un gasto económico para el 64,9 % de entre 100 y 300 euros, y para el 24,5 % de entre 300 y 500 euros.

Además, el 67,3 % advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores. Hasta el 83,5 % considera totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades y provincias.

En cuanto a las tasas de oposición, el 76,6 % reclama la exención para quienes se hayan presentado en los últimos seis años o en las tres últimas convocatorias. CSIF ha logrado que no sea obligatorio presentarse al examen de oposición para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, aunque los interinos siguen obligados a pagar las tasas.

Otra de las preocupaciones detectadas es la adjudicación forzosa de plazas: el 36,8 % de los encuestados se ha visto obligado a aceptar una plaza y el 44,5 % lo ha hecho por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2 % considera imprescindible que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos.

Respecto a las sustituciones, hasta el 33,7 % señala que ha tenido que afrontar varias sustituciones justo antes de los periodos vacacionales y el 50,2 % fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos. El 94,7 % apoya la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de las vacaciones.

CSIF subraya que estos datos reflejan los recortes que persisten en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. La región se sitúa en el nivel más bajo de gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, frente a la media nacional de 7.421 euros. «Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes», ha indicado Martínez.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha ha puesto como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación aprobado el pasado 21 de abril, que reduce el número máximo de alumnos por aula y fija la jornada lectiva semanal del profesorado.

«A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien», ha concluido.

Por su parte, Rubén Gómez, presidente de CSIF Educación Toledo, ha incidido en la falta de inversión: «Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos».

«Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo», ha concluido Gómez.