El accidente ferroviario de Urda (Toledo) no solo ha provocado la interrupción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, sino también un fuerte encarecimiento de algunas alternativas de transporte. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado medidas para impedir que los viajeros afectados tengan que afrontar precios desorbitados.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado este martes que el Real Decreto-ley de apoyo a las víctimas de la tragedia incorporará un mecanismo para limitar los precios de los transportes alternativos al tren y de los alojamientos vinculados a los desplazamientos afectados.
La medida estará dirigida a proteger a los consumidores mientras la conexión ferroviaria permanezca interrumpida.
Precios que se han multiplicado por ocho y por nueve
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha denunciado los importantes incrementos de precios detectados desde el accidente.
Según el ministro, algunos servicios han llegado a costar ocho o nueve veces más que antes de la tragedia.
«Ahora, unos días después, vemos hasta precios que se han multiplicado por ocho y por nueve respecto a las fechas previas al accidente. Y eso, evidentemente, no es de recibo», ha señalado.
Para evitar estas situaciones, el Gobierno plantea establecer un precio máximo tomando como referencia las tarifas aplicadas antes de la emergencia.
Este mecanismo podrá utilizarse temporalmente cuando una situación extraordinaria altere de forma significativa la oferta y la demanda de determinados servicios.
La medida se incluye en el paquete de ayudas de 30 millones para Urda
La limitación de precios forma parte del Real Decreto-ley de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, dotado con 30 millones de euros.
El objetivo es impedir que las consecuencias de una emergencia se agraven por el encarecimiento de servicios necesarios, especialmente para quienes deben buscar alternativas de transporte o alojamiento.
Puente también ha recordado que una propuesta anterior para establecer este mecanismo fue rechazada en el Parlamento con los votos en contra del PP, Vox y Junts.
