En abril de 2026, mientras Bruselas y Washington endurecían su estrategia de de-risking (reducción de riesgos) frente a Pekín, Pedro Sánchez completaba su cuarta visita oficial a China en cuatro años. Regresaba con 19 acuerdos y un flamante “Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático” que sitúa a España al mismo nivel que Francia o Alemania en el escalafón de interlocutores privilegiados de Xi Jinping. Casi al mismo tiempo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recibía en Toledo a la gobernadora de Sichuan y a una delegación de empresarios chinos. Y apenas un mes antes, una delegación del Partido Popular de Ciudad Real —encabezada por Miguel Ángel Valverde y con el alcalde Francisco Cañizares al frente— viajaba a Pekín y Sichuan, invitados por el Partido Comunista Chino, para “tejer lazos comerciales”.

Estos episodios no son anécdotas. Son la expresión más clara del verdadero bipartidismo español: el que no se debate en el Congreso, sino que se negocia en despachos de consultoras, cámaras de comercio autonómicas y consejos de administración. PP y PSOE practican, en lo esencial, la misma política de aproximación comercial con China diseñada hace dos décadas, cuando la globalización parecía un camino de rosas y la rivalidad sistémica un concepto lejano.

Los números son tozudos. En 2025, España registró un déficit comercial con China de 42.278 millones de euros: importamos más de 50.250 millones y exportamos menos de 8.000. Ese desequilibrio representa casi el 3% de nuestro PIB y cerca del 74% del déficit comercial total del país. Lejos de corregirse, se ha duplicado desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Las autonomías, mientras tanto, compiten entre sí por atraer gigafábricas chinas de baterías, renovables o logística, como si la soberanía industrial fuera un lujo prescindible.

Europa ha cambiado de paradigma. Tras años de ingenuidad, Bruselas aplica aranceles a los vehículos eléctricos chinos subvencionados (hasta un 35,3% adicional), excluye proveedores de alto riesgo en 5G y 6G, impone controles a tecnologías sensibles y avanza en una estrategia de seguridad económica para reducir dependencias críticas en semiconductores, tierras raras, baterías y fármacos. Incluso los acuerdos de precios mínimos para coches eléctricos en 2026 no suponen una rendición, sino un intento de gestionar la presión manteniendo la guardia alta. Washington, con Trump o sin él, ha convertido la autonomía estratégica en doctrina de Estado.

España, en cambio, parece anclada en el manual del 2005. Dirigentes de ambos partidos siguen firmando memorandos y organizando misiones como si Pekín fuera un socio comercial normal y no una potencia revisionista que practica coerción económica, subsidios masivos y fusión civil-militar. El PP, que en 2013 firmó su propio memorando con el Partido Comunista Chino, con González Pons a la cabeza, critica hoy a Sánchez… mientras sus alcaldes viajan a pedir inversiones de Alibaba. El PSOE combina la retórica europea con una práctica regional que prioriza el titular de “inversión extranjera” sobre el análisis de riesgos geopolíticos.

El problema no es comercial, es estratégico. Dependemos de China en componentes clave para la transición energética, paneles solares, baterías y cadenas de suministro que pueden convertirse en arma en cualquier crisis. Cuando una región española compite con otra por una fábrica china, no solo se juega empleo a corto plazo: se decide quién controlará la tecnología y la cadena de valor dentro de dos décadas. Legitimar acuerdos directos con el Partido Comunista Chino equivale a tratar a un régimen autoritario como un interlocutor democrático normal.

Los lobbies y consultoras que han construido su negocio sobre deslocalizaciones e importaciones baratas siguen influyendo decisivamente. Ese entramado trasciende siglas y es el que realmente condiciona nuestra política hacia China. Mientras Europa despierta a la rivalidad sistémica, parte de nuestras élites actúan como si estuviéramos aún en la era dorada de la globalización.

El comercio es necesario e inevitable. Pero no puede subordinar la estrategia nacional a intereses particulares. España necesita una política de Estado coherente con la de la Unión Europea: atraer inversión extranjera, sí, pero con evaluación rigurosa en inversiones, o screening, en sectores críticos, exigencia real de reciprocidad y transferencia tecnológica, diversificación de proveedores y alineamiento pleno con la autonomía estratégica europea.

De lo contrario, seguiremos siendo el eslabón débil: el país que abre la puerta trasera mientras ahora Bruselas intenta cerrar la principal. La cuestión es si queremos depender de una potencia autoritaria para nuestro futuro industrial y tecnológico, haciendo saltar por los aires la estrategia de Autonomía europea, o recuperar soberanía junto al resto de Occidente.

El bipartidismo de los lobbies, junto a su corrupción, nos ha traído hasta aquí. Superarlo no es una opción ideológica: es una cuestión de supervivencia nacional.