El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias Asaja y UPA han alcanzado un acuerdo para modificar las restricciones a la actividad agrícola durante los periodos de mayor riesgo de incendios forestales. Las medidas se incorporarán a la nueva Orden de Prevención de Incendios que la Consejería de Medio Ambiente publicará en los próximos días. Entre los principales cambios destaca el aumento de 5 a 20 hectáreas de la superficie forestal de referencia para aplicar limitaciones a la cosecha, así como la posibilidad de establecer franjas de protección que permitan trabajar con las cosechadoras sin restricciones horarias.
El acuerdo, anunciado este martes 3 de noviembre, pretende compatibilizar la actividad agrícola con la prevención de incendios forestales, una cuestión que ha generado preocupación entre los agricultores por las limitaciones impuestas durante las campañas de recolección.
Las cosechadoras podrán trabajar sin restricciones en más superficies
Una de las principales modificaciones afecta a los terrenos agrícolas situados junto a masas forestales. Hasta ahora, la normativa contemplaba restricciones cuando la superficie forestal alcanzaba las cinco hectáreas, mientras que con la nueva regulación ese límite se elevará a 20 hectáreas.
De esta forma, los agricultores podrán cosechar en cualquier momento en parcelas próximas a superficies forestales inferiores a 20 hectáreas.
Además, en los terrenos agrícolas colindantes con masas forestales superiores a esa extensión, se permitirá establecer una franja perimetral de protección de diez metros de ancho, que podrá mantenerse sin cultivar o sembrarse de girasol. En estos casos, las cosechadoras podrán trabajar durante toda la jornada sin las restricciones previstas para los días de mayor riesgo.
Para las parcelas que superen ese umbral de superficie forestal colindante y no dispongan de la franja de protección, se mantendrán las limitaciones vinculadas al Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) cuando alcance niveles muy altos o extremos.
Nuevas alternativas de seguridad para los días de riesgo extremo
El acuerdo también flexibiliza los medios de prevención que deberán tener disponibles los agricultores durante las jornadas con un IPP extremo.
Hasta ahora se exigía disponer de 400 litros de agua con presión. La nueva regulación permitirá elegir entre tres alternativas:
- Un vehículo con un depósito de al menos 400 litros de agua y un equipo de impulsión.
- Una máquina sopladora con una potencia de soplado superior a 30 Newtons.
- Un disparador de cartuchos pirotécnicos contra incendios con un mínimo de ocho cartuchos.
Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de las medidas preventivas sin imponer a todos los agricultores la misma dotación de equipos.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que el acuerdo es resultado del trabajo conjunto entre la Administración y las organizaciones agrarias.
Según ha explicado, el objetivo es conciliar los intereses del sector agrícola con la prevención de incendios forestales, especialmente ante el endurecimiento de las condiciones climáticas durante los meses de verano.
Asaja celebra los avances, pero advierte de que quedan cuestiones pendientes
El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha valorado positivamente las modificaciones, que considera resultado de las reivindicaciones planteadas por la organización agraria. Sin embargo, ha advertido de que todavía quedan «cuestiones pendientes».
Fresneda ha lamentado el tiempo perdido y las cosechas que ya se han visto afectadas por unas restricciones que, a su juicio, no tenían suficientemente en cuenta las condiciones reales del trabajo agrícola.
Una de las principales críticas de Asaja se refiere al cálculo del Índice de Propagación Potencial de Incendios. La organización considera que está mal planteado porque toma como referencia las masas forestales y no las superficies agrícolas.
También cuestiona que continúen existiendo limitaciones para los agricultores que no puedan dejar una franja de diez metros sin cultivar.
Asaja ha señalado, además, que la medida no se adapta adecuadamente a determinados sistemas de producción, como la siembra directa, en los que establecer esa franja puede ocasionar dificultades adicionales.
Por ello, aunque reconoce los avances conseguidos, la organización insiste en que será necesario seguir revisando la normativa para ajustarla a las características de las explotaciones agrícolas.
UPA pide compensaciones por las franjas sin cultivar
Por su parte, el responsable de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha mostrado su satisfacción por el resultado de las negociaciones con el Ejecutivo autonómico.
Durante una jornada sobre seguros agrarios celebrada en Cuenca, Morcillo ha asegurado que «se ha avanzado mucho», destacando la colaboración mantenida entre las organizaciones profesionales agrarias y el Gobierno regional.
UPA considera especialmente positivo que las restricciones pasen a tomar como referencia masas forestales con una continuidad mínima de 20 hectáreas, lo que permitirá reducir las limitaciones que afectan a numerosas explotaciones.
No obstante, Morcillo ha planteado la necesidad de establecer «una compensación por dejar esta franja sin cultivar», al entender que los agricultores que adopten esta medida preventiva pueden sufrir una pérdida de superficie productiva.
El responsable regional de UPA también ha destacado las mejoras para el sector apícola, ya que la nueva regulación facilitará que los apicultores puedan acceder a sus colmenas durante los días en los que el Índice de Propagación Potencial de Incendios alcance niveles extremos.
Una normativa pendiente de publicación
Las modificaciones acordadas deberán incorporarse a la Orden de Prevención de Incendios que publicará próximamente la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
El acuerdo supone una flexibilización de las condiciones para desarrollar las labores de cosecha durante los periodos de mayor riesgo de incendios, aunque tanto Asaja como UPA consideran que todavía existen aspectos susceptibles de mejora.
Entre las principales reivindicaciones pendientes figuran la revisión del cálculo del índice de riesgo, la adaptación de las medidas a determinados sistemas de cultivo y las posibles compensaciones económicas por las superficies destinadas a franjas de protección.
