La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a 11 empresas de transporte de viajeros por carretera en Castilla-La Mancha por posibles acuerdos para repartirse contratos de transporte escolar y limitar la competencia.
El expediente sancionador también incluye a nueve directivos y dos organizaciones empresariales del sector. El organismo regulador sospecha que podrían haberse producido intercambios de información y acuerdos entre competidores para influir en las adjudicaciones de rutas escolares y en los precios de otros servicios de transporte de viajeros.
La investigación tiene especial relevancia para Castilla-La Mancha, donde el transporte escolar permite a numerosos alumnos desplazarse diariamente a sus centros educativos, especialmente en municipios que no disponen de todas las enseñanzas.
No obstante, la apertura del expediente no significa que las empresas hayan cometido las infracciones. La CNMC deberá determinar si existieron las prácticas investigadas.
¿Qué sospecha la CNMC?
Según ha informado el organismo, las posibles irregularidades afectarían principalmente a las licitaciones de transporte escolar por carretera, aunque también se investiga el mercado del transporte discrecional de viajeros, que incluye servicios contratados fuera de las líneas regulares.
Entre las conductas investigadas figuran los posibles acuerdos para repartirse concursos públicos, fijar precios y distribuirse clientes o servicios.
La CNMC señala que estas prácticas podrían haberse desarrollado mediante intercambios de información estratégica entre empresas competidoras, recomendaciones de tarifas mínimas y acuerdos relacionados con la presentación de ofertas.
Entre estos últimos se investigan las denominadas ofertas de cobertura, utilizadas para aparentar competencia en una licitación, y la decisión coordinada de no presentar determinadas propuestas.
De confirmarse, estas conductas podrían vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.
Las 11 empresas investigadas
El expediente incluye a las siguientes compañías:
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Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S. L.
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Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S. L.
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Autocares García Bus, S. L.
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Autocares IM Gómez, S. L.
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Autocares Marín Colmenero, S. L.
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Compañía Europea de Viajeros España, S. A.
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Jesús Álvarez Escobar, S. L.
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Ramos Bus, S. L.
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Ricardo y Navabus, S. L.
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Te Llevo 2003, S. L.
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Victorino Álvarez, S. L.
También se investiga a nueve directivos vinculados a varias de estas empresas.
Además, el procedimiento alcanza a la Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y a la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo.
La investigación comenzó tras una comunicación de Educación
El origen de las actuaciones se encuentra en una comunicación remitida a la CNMC por la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha.
A partir de esa información, el organismo inició sus pesquisas y, en octubre de 2025, realizó inspecciones en las sedes de Compañía Europea de Viajeros España y Autocares Marín Colmenero.
Las actuaciones han desembocado ahora en la apertura del expediente sancionador.
¿Qué consecuencias puede tener para las familias y los alumnos?
Los acuerdos entre empresas para repartirse contratos o evitar competir en precios pueden perjudicar a las administraciones que contratan los servicios, al reducir las posibilidades de obtener ofertas competitivas.
En el caso del transporte escolar, esto afecta a un servicio público destinado a garantizar los desplazamientos de los estudiantes a sus centros educativos.
Sin embargo, la CNMC no ha comunicado que existan rutas escolares suspendidas, cambios en los autobuses o alteraciones en el servicio para los alumnos como consecuencia de esta investigación.
Tampoco se ha determinado todavía si las conductas investigadas llegaron a producirse ni cuál habría sido su posible impacto económico.
Un expediente abierto, todavía sin sanciones
La investigación de posibles cárteles empresariales es una de las prioridades de la CNMC por sus consecuencias sobre la competencia y el funcionamiento de los mercados.
El organismo recuerda que dispone de un programa de clemencia que permite a las empresas participantes en un cártel quedar exentas de multa si aportan pruebas decisivas para descubrirlo. También contempla determinadas consecuencias favorables respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
