Los robos de cable continúan afectando al funcionamiento de la red ferroviaria y Castilla-La Mancha concentra el 6,2 % de las denuncias presentadas por Adif en lo que va de 2026.
Según los datos facilitados por la empresa pública, durante el primer semestre del año se han presentado 409 denuncias por sustracción de cableado y otros elementos ferroviarios en toda España, una cifra que ya supera la registrada en cualquier año completo desde 2018, con la única excepción de 2025, cuando se contabilizaron 462 denuncias.
Adif recuerda que este tipo de robos afecta directamente a sistemas esenciales para la circulación de los trenes, como la electrificación, la señalización o las telecomunicaciones, lo que obliga en muchos casos a interrumpir parcial o totalmente el servicio hasta reparar las instalaciones.
Estas incidencias se traducen en retrasos, cancelaciones y molestias para los viajeros, además del coste económico que supone reponer el material sustraído y garantizar que la circulación pueda retomarse con seguridad.
Desde 2018, Castilla-La Mancha acumula el 7,3 % de todas las denuncias por robos de cable registradas por Adif, situándose entre las comunidades más afectadas, por detrás de Cataluña, Aragón, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
En lo que va de 2026, Cataluña concentra el mayor número de denuncias (37,8 %), seguida de Aragón (23,1 %), País Vasco (7 %) y Castilla-La Mancha (6,2 %).
Ante el incremento de estos delitos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que promoverá una reforma del artículo 240 del Código Penal para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de reforzar la protección de un servicio considerado estratégico y reducir las incidencias que afectan a miles de viajeros.
