CCOO y UGT, siguiendo la convocatoria que a nivel nacional han formalizado sendas organizaciones sindicales, saldrán a la calle en Castilla-La Mancha el 11 de febrero para forzar al Ejecutivo de coalición a subir el salario mínimo (SMI), a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y a revalorizar las pensiones. Son argumentos más que «suficientes para justificar la movilización». «Se hará con mucha responsabilidad y cumpliendo escrupulosamente las medidas sanitarias».
Así lo han asegurado en la rueda de prensa que de forma conjunta han ofrecido este lunes el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa y Carmen Campoy, miembro de la Gestora de UGT Castilla-La Mancha, en la que han desgranado los motivos que les llevan a convocar estas movilizaciones, que tendrán lugar ante la delegación y subdelegaciones de Gobierno en la región.
«No sé si alguien puede pensar que los sindicatos hemos tenido un desvarío o hemos perdido la cabeza a la hora de invitar a la movilización el próximo 11 de febrero. No sé si se piensa que no es el momento más adecuado o que hay otras prioridades para los ciudadanos y los trabajadores», ha defendido De la Rosa, que ha insistido en que los argumentos esgrimidos por ambos sindicatos a la hora de convocar estas concentraciones pesan lo «suficiente para justificar la movilización». «Es más. En otras condiciones donde la pandemia no fuera el protagonista principal las movilizaciones serían de mucho mayor calado», ha avisado.
De la Rosa, que ha asegurado que las movilizaciones que tendrán lugar en las cinco provincias castellanomanchegas cumplirán «escrupulosamente con medias COVID para evitar que tengan incidencia negativa en pandemia», ha insistido en que «sobran las razones» para recurrir a estas acciones de presión para que el Gobierno «sea consciente de que es el momento oportuno para intentar dar protagonismo a quienes han sido los protagonistas en tiempos difíciles».
Y es que, según el responsable regional de CCOO, los trabajadores y las trabajadoras han sido los «principales paganos de una crisis financiera brutal, de la posterior crisis económica, que fue durísima y ahora de la peor pandemia vivida en 100 años». «Hoy podemos decir que cuatro de cada 10 castellanomanchegos están en el umbral de la pobreza, cuando no por debajo, y que 80.000 empleados en Castilla-La Mancha cobran el Salario Mínimo o menos, porque en muchos casos se trata de jornadas parciales que además suelen ser ejecutadas por mujeres».
«Me gustaría preguntar a los políticos que se oponen a la subida del Salario Mínimo si serían capaces de terminar su mes o un mes mucho más humilde del que ellos pueden tener con la cantidad que supone el Salario Mínimo», ha precisado el responsable regional de CCOO.
PENSIONES 400 EUROS MÁS BAJAS
Así las cosas, ha insistido en «no olvidar» que las pensiones en Castilla-La Mancha son casi 400 euros mas bajas que la media y que el 40 por ciento de los pensionistas necesitan complementos a mínimos, «porque no les da para alcanzar la pensión mínima del país, que en todo caso es misérrima».
De ahí que haya insistido en la necesidad de reformar las pensiones, algo, ha dicho, que no supondría la quiebra del sistema. «Desde el Pacto de Toledo apostamos por un sistema de pensiones público y digno y exigimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos de investidura, como ocurre con la Subida del Salario Mínimo, que tampoco quiebra ningún principio económico, sino que incrementa el nivel de consumo y alivia la situación económica del país», ha concluido.
En términos parecidos se ha expresado Carmen Campoy, que ha instado al Ejecutivo de coalición a cumplir los compromisos electorales y impulse la revalorización del Salario Mínimo. «Con ello se reconoce a los trabajadores a los que hemos estado aplaudiendo en pandemia y cuya labor forma parte de los servicios esenciales». A modo de ejemplo, se ha referido a las mujeres que trabajan en dependencia, «que cobran el SMI».
«No tiene sentido que continúe congelado. Es inaceptable. Cada día que pasa es un día de injusticia social. Algo que no puede ni debe un Gobierno que se dice progresista», ha añadido Campoy, que también se ha referido a un mercado de trabajo «lastrado por la precariedad».
De ahí que haya reclamado, de igual modo, derogar los aspectos más lesivos de la Reforma Laboral que han destruido empleo y devaluado salarios y condiciones laborales, «hasta extremos que no permiten a muchos trabajadores salir de la pobreza y llegar a fin de mes», ha concluido.
