El Partido Popular presentará iniciativas en diferentes partes de España, también desde el Ayuntamiento de Tomelloso, para exigir la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, o bien su cese por parte del presidente nacional, Pedro Sánchez. Todo ello, después de unas declaraciones sobre el sector cárnico en España que no han estado exentas de polémicas.

Según ha recordado Eloísa Perales, concejala del PP en Tomelloso, el actual ministro vinculaba en una entrevista a un medio británico la relación entre la producción de carne en España y la mala calidad, la contaminación del agua y el maltrato animal.

Además, “Garzón señala al sector ganadero como causante principal del cambio climático”, ha afirmado la concejala, asegurando que el ministro presenta información tergiversada y hace generalizaciones que no se corresponden con la realidad del sector ganadero español. “Parece más activista que un miembro del gobierno”.

Para Perales, se trata de un ataque “doloroso es incomprensible”, y critica que asocie la problemática del maltrato animal a las macrogranjas, cuando no representan la mayor parte de la producción en nuestro país.

La formación ha recordado que los sectores ganaderos juegan un papel importante en mantener la población rural y el paisaje, o contribuir a la economía de la España vaciada. Por ello, afirman que es “dañino” que se hagan acusaciones graves basadas en “argumentos falaces”.

La concejala ha señalado que no es la primera vez que Garzón arremete contra un sector económico del país, puesto que ya ocurría anteriormente con el turismo, la industria juguetera o nuevamente con el sector cárnico. “Su propio equipo no sabe cómo callarle la boca y dicen que son declaraciones a título personal”, ha aseverado Perales, pero recuerda que Garzón no es un ciudadano anónimo, y realizó la entrevista en calidad de ministro.

Por todo lo expuesto, la formación ha pedido, además de la dimisión de Garzón, una rectificación por parte de Pedro Sánchez, que el ministro Planas desmienta las informaciones que ponen en duda la calidad del sector, la puesta en marcha de nuevas medidas que ayuden a los afectados por la polémica, y la defensa de los profesionales acusados indirectamente de mala praxis (como ganaderos, veterinarios, ingenieros o responsables de impacto ambiental).

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