La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que se han reunido los ministerios de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sanidad con las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha aprobado este miércoles la distribución territorial de los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la transformación digital y modernización de estos territorios para los ejercicios 2022 y 2023. De esta forma, a Castilla-La Mancha se le asignan 20.206.541,83 euros, de los que 10.430.118,14 euros corresponden a la anualidad de 2022 y otros 9.776.423,69 euros son para la anualidad 2023.

En la Conferencia Sectorial se ha ratificado el reparto, para el conjunto de las comunidades autónomas, de la anualidad de 2022 y se establecen los criterios de reparto y cantidades asignadas para la totalidad del crédito de 460.372.255 euros, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-LA Mancha en nota de prensa. De estos, 239.072.255 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000 euros quedarían pendientes de repartir en 2023.

Santiago Apóstol

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha presidido esta reunión, en la que se ha alcanzado un Acuerdo por el que se formaliza el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinada a la Transformación Digital y Modernización de las Comunidades Autónomas, del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 2022 y la previsión de reparto para 2023.

A través del trabajo de esta Conferencia Sectorial se trata de dar impulso al proceso de transformación de las Administraciones Públicas en cuanto a las inversiones y reformas contenidas en el Componente 11 del Plan de Recuperación.

En concreto, se han identificado seis líneas dedicadas a administración orientada a la ciudadanía, operaciones inteligentes, gobierno del dato, infraestructuras digitales, ciberseguridad y sanidad. Para las primeras cinco líneas se aplicará como criterio único el de población mientras que para la última se tendrán en cuenta población, cantidad fija e igual y proyectos en colaboración.

El 84% del importe se distribuirá proporcionalmente al criterio poblacional entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que gestiona las prestaciones sanitarias para Ceuta y Melilla. El 10% mediante una cantidad fija igual a cada Comunidad Autónoma e Ingesa y el 6% restante a repartir entre las comunidades que se postulen para liderar proyectos que se ejecuten de manera colaborativa.

Esta propuesta de criterios fue validada por la Comisión de Salud Digital (CSD) del Consejo Interterritorial del SNS en su reunión del día 11 de febrero de 2022.

Asimismo, el Consejo Interterritorial del SNS, en el pleno celebrado el día 6 de abril de 2022, aprobó el Plan de trabajo y los criterios de selección de los proyectos en las tres áreas funcionales establecidas en el Perte de Salud de Vanguardia y fue informado de la propuesta de criterios de distribución aprobada por la CSD.

Inma Delgado Fotografía New Born

LA DISTRIBUCIÓN EN 2022 Y 2023

De la cuantía prevista para 2022, en concreto 169.072.255 euros corresponderían a las líneas 1 a la 5 y 70 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital. Por su parte, de la cuantía prevista para 2023, 61.300.000 euros se destinarían a las líneas 1 a 5 y 160 millones a la línea 6 de sanidad digital.

Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla deberán proporcionar la información relativa a los diferentes proyectos de inversión que se propongan financiar en cada ejercicio con cargo a los fondos en el sistema integrado para la gestión, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.




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