Hoy, 9 de abril, se cumplen 49 años de aquella alocución radiofónica y televisiva, precipitada y cargada de una tensión apenas disimulada, en la que periodistas como Alejo García y Lalo Azcona trasladaban al conjunto del país la legalización del Partido Comunista de España. Con el transcurso de los años, aquella escena ha sido reiterada hasta adquirir la condición de imagen canónica de la Transición, depurada de sus aristas y convenientemente integrada en un relato conciliador. Sin embargo, cuando se la examina con un mínimo rigor analítico, despojada de su pátina simbólica, emerge con nitidez su verdadero significado: no tanto un acto de ruptura como una operación cuidadosamente administrada de integración política.

La legalización del PCE no constituyó únicamente un gesto de apertura democrática, sino una pieza esencial en el proceso de reconfiguración del poder en el Estado español. Se trataba de ampliar el perímetro de lo institucionalmente aceptable sin comprometer los fundamentos materiales heredados del franquismo. En ese marco, la dirección del partido, encabezada por Santiago Carrillo, desempeñó un papel decisivo, no tanto por la conquista de un espacio propio como por la aceptación de los límites que lo definían.

Entre la ruptura democrática y la reforma pactada, el PCE optó por una vía de inserción en un terreno previamente delimitado. La correlación de fuerzas era, sin duda, desfavorable, pero la respuesta adoptada no consistió en tensionar ese marco, sino en asumirlo como horizonte posible. Esa elección, durante largo tiempo presentada como una muestra de responsabilidad histórica, implicó en la práctica la renuncia a disputar el sentido profundo del proceso de cambio.

La entrañable figura de Carrillo, a menudo reivindicada desde posiciones conservadora, exige por ello una reconsideración crítica. Su indudable capacidad táctica no puede ocultar el resultado estratégico de su orientación política: el progresivo desplazamiento del PCE desde una posición de confrontación hacia una función de estabilización del sistema. Cuando un partido comunista deja de constituir un factor de perturbación para el poder, cuando su previsibilidad se convierte en garantía, cabe concluir que su papel histórico ha sido alterado.

El eurocomunismo se erigió en el armazón ideológico de esa mutación. Presentado como una adaptación lúcida a las condiciones de las democracias occidentales, operó en realidad como un dispositivo de moderación del conflicto político. El análisis de clase fue relegado, la centralidad de la lucha social se atenuó y el marco institucional existente comenzó a ser asumido como suficiente. Bajo la retórica de la modernización, se consumó una renuncia de carácter estratégico.

Las decisiones concretas que acompañaron esta deriva no fueron, en modo alguno, accesorias. La aceptación de la monarquía parlamentaria, la relegación de los símbolos republicanos y la contención deliberada de la movilización popular respondieron a una misma lógica de fondo: garantizar la plena inserción del PCE en el nuevo sistema político sin alterar sus equilibrios estructurales.

Que sectores procedentes del aparato franquista valoraran positivamente la actuación del PCE no debería suscitar sorpresa alguna. La Transición requería una oposición capaz de canalizar las expectativas de cambio sin desbordar los márgenes establecidos. El partido cumplió, en buena medida, esa función. Entretanto, otras expresiones políticas quedaban excluidas, delimitando con claridad los contornos de lo tolerable.

El coste de esta orientación se hizo patente en el interior de la propia organización. La militancia, forjada en años de clandestinidad, represión y compromiso, comenzó a percibir una disonancia creciente entre la tradición política del partido y su práctica efectiva. La acumulación de concesiones, la progresiva atenuación del discurso y la pérdida de centralidad en los espacios de conflicto social erosionaron su capacidad de intervención.

Desde una perspectiva materialista, la Transición difícilmente puede interpretarse como una ruptura con el orden precedente. Más bien se trató de una rearticulación de las estructuras de poder, en la que las élites económicas conservaron su posición y los aparatos del Estado se adaptaron a nuevas formas de legitimación. En ese proceso, la integración del PCE contribuyó, de manera objetiva, a consolidar el nuevo marco.

La crisis que el partido experimentó en los años posteriores no fue, por tanto, contingente. Fue la consecuencia de un proceso prolongado de desdibujamiento político e ideológico. Cuando una organización pierde nitidez en sus planteamientos y se distancia de su base social, su debilitamiento deviene inevitable.

Con todo, la trayectoria del PCE no puede reducirse a esa etapa. La irrupción de Julio Anguita al frente de Izquierda Unida y de la Secretaría General de PCE supuso una inflexión significativa. Frente a la lógica de la adaptación, se reivindicó la centralidad del programa, la coherencia como principio rector y la autonomía respecto al Partido Socialista. No se trataba de un mero ajuste táctico, sino de una reorientación de mayor calado.

Anguita restituyó una idea fundamental: que la izquierda no puede construirse desde la subordinación ni desde el cálculo coyuntural. Su insistencia en el programa como eje vertebrador de la acción política y su negativa a diluirlo en acuerdos sin contenido constituyeron una ruptura con prácticas anteriores. Aquella experiencia demostró que era posible recomponer una referencia política sin renunciar a la claridad.

Sin embargo, la actualidad, marcada por la fragmentación del espacio político a la izquierda del PSOE y por una notable debilidad estratégica, esa lección adquiere una renovada pertinencia. La dispersión de fuerzas, la volatilidad electoral y la ausencia de un horizonte compartido dificultan la construcción de una alternativa consistente.

En este contexto, el PCE dispone de activos que lo sitúan en una posición singular: una tradición política consolidada, una implantación territorial nada desdeñable y una cultura organizativa que ha resistido el paso del tiempo. Sin embargo, tales elementos carecen de eficacia si no se articulan en torno a una voluntad política definida.

Esa voluntad implica, en primer término, asumir un papel que trascienda la mera presencia testimonial. El PCE no puede limitarse a ocupar un espacio; debe contribuir decisivamente a estructurarlo. Ello requiere capacidad de iniciativa, claridad estratégica y disposición para asumir los costes inherentes a toda política de transformación.

Ordenar el espacio político significa establecer prioridades, delimitar posiciones y construir una estrategia que no se agote en la lógica electoral. Significa, asimismo, concebir las alianzas no como un fin en sí mismas, sino como instrumentos subordinados a un programa previamente definido.

La experiencia acumulada en las últimas décadas pone de relieve que las confluencias carentes de un fundamento programático sólido tienden a la inestabilidad. La ambigüedad, lejos de facilitar la unidad, genera tensiones internas y debilita la capacidad de intervención.

Frente a ello, el PCE puede desempeñar una función de cohesión, siempre que actúe con la necesaria firmeza.

Esta tarea exige, de manera ineludible, una delimitación nítida respecto al PSOE. Lejos de constituir un vector de transformación, el socialismo institucional ha demostrado actuar como un gestor del sistema, comprometido con su estabilidad. Su acción política, aun incorporando elementos de carácter social, se inscribe dentro de los márgenes definidos por el orden existente.

En consecuencia, situar al PSOE en el campo de la izquierda resulta, cuando menos, problemático. Su función objetiva se aproxima a la de una fuerza de orden, orientada a administrar las contradicciones del sistema más que a superarlas. Esta constatación no responde a una valoración subjetiva, sino al análisis de su praxis política.

Para el PCE, ello implica la necesidad de construir un espacio autónomo, inequívocamente situado a la izquierda del PSOE, capaz de desarrollar una estrategia propia y de intervenir en los conflictos sociales sin condicionamientos externos. Un espacio que no dependa de las oscilaciones del socialismo liberal ni de sus prioridades coyunturales.

La construcción de ese espacio exige tiempo, organización y una acumulación sostenida de fuerzas. Exige, asimismo, una política de alianzas que combine apertura y rigor, evitando tanto el sectarismo como la dilución programática.

En este proceso, el PCE está en condiciones de desempeñar un papel central como elemento vertebrador. No por su peso institucional inmediato, sino por su capacidad potencial para articular un proyecto político coherente. Puede constituirse en punto de convergencia de diversas sensibilidades, siempre que exista un marco común que las ordene.

No obstante, ese marco no puede ser otro que un programa definido con precisión, orientado a la defensa de los intereses de la mayoría social y a la transformación de las estructuras económicas y políticas. Sin ese soporte, cualquier intento de recomposición estará condenado a la inconsistencia.

La referencia a Anguita, en este punto, trasciende lo biográfico para adquirir una dimensión política. Su legado no reside en la evocación, sino en la afirmación de criterios: coherencia, claridad y autonomía. Elementos sin los que, resulta inviable la construcción de una alternativa sólida.

El momento actual demanda, además, una disposición explícita a asumir el conflicto. La transformación social no es el resultado de una acumulación gradual de consensos, sino de la confrontación entre intereses contrapuestos. Ello implica incomodidad, tensiones y la eventual ruptura de equilibrios establecidos.

El PCE, si aspira a desempeñar un papel relevante, debe situarse, junto con en ese terreno sin ambages. No como un actor complementario, sino como una fuerza con voluntad de incidir en la correlación de fuerzas. Ello supone abandonar cualquier tentación de adaptación pasiva y asumir una estrategia de intervención activa.

En última instancia, la cuestión estriba en la voluntad de asumir ese desafío. Los elementos objetivos existen; lo decisivo es su utilización consciente. Sin esa determinación, el potencial del PCE permanecerá latente, sin traducirse en capacidad efectiva de transformación.

De ahí que la responsabilidad del partido trascienda su propia dimensión organizativa. Lo que está en juego no es únicamente su posición en el sistema político, sino su contribución a la configuración de una izquierda capaz de actuar como alternativa real.

En este sentido, el PCE debe afirmarse, sin reservas, como el principal motor en la construcción de una izquierda situada a la izquierda del PSOE, entendiendo a este último como una fuerza integrada en la lógica del sistema, cuya orientación lo sitúa, en términos materiales, en posiciones de carácter conservador dentro del campo político.

Asumir ese papel implica articular un proyecto común sobre bases programáticas sólidas, capaz de aglutinar a diversas fuerzas políticas y sociales sin diluir su contenido. Implica, asimismo, ejercer una función de dirección política que permita superar la actual dispersión y dotar de coherencia al conjunto del espacio.

No se trata de una tarea menor ni exenta de dificultades. Requiere claridad ideológica, disciplina organizativa y una voluntad sostenida de construir poder. Requiere, también, la capacidad de resistir las presiones orientadas a la integración y de mantener una posición autónoma incluso en contextos adversos.

Pero es precisamente en esa exigencia donde radica su potencial. Solo un proyecto que se afirme desde la coherencia y la autonomía puede aspirar a convertirse en una alternativa efectiva. Solo una organización dispuesta a asumir el conflicto puede intervenir en la realidad con capacidad transformadora.

El PCE dispone de la experiencia histórica necesaria para comprender esta dinámica. Sabe, por experiencia propia, que cada renuncia estratégica tiene consecuencias duraderas y que cada concesión en nombre de la gobernabilidad puede traducirse en una pérdida de capacidad política.

Por ello, la construcción de una izquierda alternativa no puede basarse en la repetición de fórmulas ya ensayadas, sino en la elaboración de una estrategia que parta de un diagnóstico riguroso y se proyecte hacia el futuro con ambición.

En última instancia, la cuestión no estriba en reivindicar el pasado, sino en intervenir en el presente para abrir nuevas posibilidades. Y en esa tarea, el PCE no puede desempeñar un papel secundario.

Debe ser, con plena conciencia de ello, el eje sobre el que se articule una izquierda capaz de disputar la hegemonía política, de confrontar con los intereses del capital y de ofrecer una alternativa solvente al orden existente. No como una aspiración retórica, sino como un proyecto concreto, sostenido en el tiempo y dotado de los instrumentos necesarios para su realización.

Solo desde esa posición, posible superar la actual fragmentación y construir una izquierda que no se limite a gestionar lo dado, sino que aspire, con determinación, a transformarlo.