El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves 19 de febrero dejó acuerdos relevantes, como la ratificación del convenio de transporte con la Comunidad de Madrid hasta 2029 y la aprobación de la Cuenta General de 2022, junto a intensos debates sobre sanidad, política energética, el Pacto Verde Europeo y el apoyo a la caza y la tauromaquia. PSOE, PP y Vox exhibieron profundas diferencias en la mayoría de los asuntos, aunque coincidieron en respaldar sectores como el cinegético y taurino, si bien con reproches cruzados.
Luz verde al convenio de transporte con Madrid hasta 2029
El pleno ratificó, con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox, el convenio de colaboración entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para la utilización del abono transporte madrileño en desplazamientos entre ambas regiones durante el periodo 2026-2029.
El acuerdo, que se viene suscribiendo desde 2001, contempla una inversión estimada de 86,4 millones de euros hasta 2029. De esa cantidad, el Ejecutivo madrileño aportará el 54% (47 millones) y el castellanomanchego el 46% restante (39,4 millones).
La medida beneficia a unos 35.000 castellanomanchegos —28.500 jóvenes y 6.500 personas de otras franjas de edad— de 105 municipios de la región. Además, 39.400 madrileños viajan con frecuencia a Toledo y Guadalajara a través de las 22 líneas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que conectan con más de un centenar de municipios de Castilla-La Mancha.
Aprobada la Cuenta General de 2022 entre acusaciones de “gestión desastrosa”
La mayoría socialista sacó adelante el dictamen sobre la Cuenta General de la Junta correspondiente al ejercicio 2022, con el voto en contra de PP y Vox.
La diputada del PSOE Silvia Fernández defendió que los resultados demuestran que el Ejecutivo “va en la dirección correcta” y subrayó que la Cámara de Cuentas refleja “la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la Comunidad Autónoma. Destacó además el “elevado grado de ejecución presupuestaria” en un contexto marcado todavía por la pandemia y la inflación.
Desde Vox, Francisco José Cobo criticó que el documento “nace tarde y mal controlado” y denunció falta de información sobre estabilidad presupuestaria y fondos europeos. En términos similares, el diputado del PP Santiago Serrano afirmó que la cuenta es el reflejo de una gestión marcada por “déficit, deuda, más impuestos” y una “bajísima ejecución presupuestaria”, asegurando que los presupuestos son “papel mojado”.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, cerró el debate defendiendo una gestión “seria, responsable y transparente” y replicó al PP que su descripción parecía corresponder a la etapa de Gobierno de María Dolores de Cospedal. “Estaba describiendo la gestión financiera del Gobierno de Cospedal”, afirmó, recordando que entonces se duplicó la deuda y se pagaba tarde a proveedores. Además, destacó que en 2022 se alcanzó un 90% de ejecución en gastos y un 86% en ingresos y preguntó a la oposición si, con una situación “tan desastrosa”, se habría podido pagar “en tiempo récord” a los proveedores.
Sanidad: acusaciones de colapso frente a defensa de la inversión
El debate sanitario evidenció uno de los enfrentamientos más duros de la sesión. El portavoz de Vox, David Moreno, habló de “falta de planificación” y aseguró que los ciudadanos “están hartos” de la gestión, no de los profesionales. Denunció médicos “saturados” y consultas de apenas minutos, reclamando auditorías independientes y más transparencia en listas de espera.
El diputado del PP Juan Moreno Moya calificó de “nefasta” la gestión del Gobierno regional tras once años de Emiliano García-Page, describiendo una Atención Primaria “en colapso” y urgencias “saturadas”.
Desde el PSOE, Ángel Tomás Godoy defendió la gestión del Ejecutivo, subrayando el incremento del presupuesto del Sescam en un 7,6%, casi 280 millones más, y una inversión en personal que ha pasado de 1.323 millones en 2016 a 2.000 millones en 2026. Acusó a PP y Vox de mostrar un “desprecio absoluto” por la sanidad pública. Finalmente, solo prosperó la resolución socialista de apoyo a la política sanitaria del Gobierno.
Energía: autonomía energética y futuro de la central de Trillo
La política energética centró otro de los grandes debates. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, apostó por que Castilla-La Mancha avance hacia “tener nuestra propia energía y ser autónomos también energéticamente”, aunque reconoció que hoy por hoy “no se puede prescindir de ninguna manera” de los 1.000 megavatios que produce la central nuclear de Trillo.
“En estos momentos, la central de Trillo tiene todas las garantías, al menos hasta el año 2034”, afirmó, dejando abierta la puerta a su continuidad si se mantienen las condiciones de seguridad.
Desde Vox, Francisco José Cobo defendió que Trillo “no puede cerrarse” y cargó contra las “propagandas climáticas y buenismo”. En la misma línea, el diputado del PP Ignacio Redondo pidió mantenerla operativa “mientras cumpla con los requisitos regulatorios”, advirtiendo de que el cierre nuclear dispararía el precio de la energía.
El socialista Francisco José Barato defendió compatibilizar el mantenimiento actual con el impulso a renovables, autoconsumo y eficiencia energética, insistiendo en que el cierre inmediato “no está hoy sobre la mesa”. Solo salió adelante la resolución del PSOE, que plantea prolongar la continuidad de Trillo siempre que se mantengan las condiciones de seguridad y no sea posible sustituir su producción por renovables en la zona.
Campo y Pacto Verde: división sobre Europa
El Pacto Verde Europeo generó otro cruce de reproches. Vox expresó su rechazo frontal y exigió cláusulas espejo y controles del 100% a productos importados. David Moreno calificó el acuerdo con Mercosur como “la última ruina de PP y PSOE para el campo español”.
El PP, a través de Santiago Lucas-Torres, defendió la revisión del Pacto Verde porque “Europa reconoce oficialmente que su política puede dañar al campo” y reclamó reciprocidad en estándares sanitarios y medioambientales.
Por su parte, el socialista Antonio Sánchez Requena advirtió de que eliminar el Pacto Verde podría suponer “1.500 millones de euros menos en los bolsillos de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha” y pidió adaptar la normativa europea a la realidad agraria regional. Solo prosperó la propuesta socialista.
Apoyo a la caza y los toros, con reproches cruzados
La sesión concluyó con un debate sobre la caza y la tauromaquia en el que los tres grupos mostraron respaldo a ambas actividades, aunque con duras acusaciones.
David Moreno (Vox) acusó al PSOE de “criminalizar” el sector y preguntó qué harán si se plantean restricciones a menores en espectáculos taurinos. Desde el PP, Lola Merino habló de actividades “tremendamente arraigadas” y alertó de la “amenaza” del Gobierno central.
La socialista Ana Isabel Abengózar aseguró compartir “mucho” de lo dicho por el PP y defendió que no se trata de “un choque de posiciones ideológicas”. No obstante, reprochó a Vox su discurso: “Escucharles hablar de libertad es como el mundo al revés”.
Finalmente, solo fue aprobada la resolución del PSOE, que respalda el trabajo institucional en favor de la tauromaquia y el cumplimiento del Pacto por la Caza en Castilla-La Mancha.
