La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha denunciado que la financiación del Gobierno central al Sistema Nacional de Dependencia para Castilla-La Mancha se ha reducido de forma progresiva hasta quedar en el 18 por ciento en el año 2015, por lo que ha invitado a los grupos que conforman el espectro parlamentario regional a instar al futuro Ejecutivo del país a revisar la Ley de Dependencia.

De igual modo, la responsable regional de Bienestar Social ha incidido durante su intervención en el pleno de las Cortes en la necesidad de que el Gobierno estatal aporte las necesidades presupuestarias al Sistema Nacional de la Dependencia y que revise la Ley de 2006 que lo regula, para «garantizar la igualdad de los ciudadanos y la cohesión territorial».

Sánchez ha defendido que en la región más de 63.000 personas (el 3,09% de la población de la región) se encuentran en situación de Dependencia y que aunque este sistema –que «antes de la llegada del PP conoció sus mejores momentos»– con la llegada del PP, y a pesar del número creciente de personas en grado de dependencia reconocidos en la región, la aportación del Gobierno de España a la financiación del sistema de la Dependencia ha descendido.

Así, ha explicado que la aportación se ha reducido de los 94,5 millones de euros destinados en 2010 a 57,3 en 2015, con el «agravante» de que el llamado «nivel acordado», situado en 2010 en 15,8 millones, «desapareció por completo desde 2012».

Sánchez ha explicado que la aportación económica de los usuarios de la Dependencia para financiar el sistema ha ido aumentado progresivamente hasta superar a la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de tal modo que, actualmente, de cada 100 euros gastados en atenciones, 63 lo aportan las comunidades autónomas, 19 los usuarios y 18 euros la administración estatal.

RECORTES

«El Gobierno del PP ha recortado 24,5 millones para Castilla-La Mancha en los últimos cuatro años, lo que supone 30 por ciento menos y ha recortado un 14 por ciento el nivel mínimo de financiación estatal garantizado», ha lamentado la consejera, que ha admitido que los recortes han tenido consecuencias directas al sistema, pues «la demora de los procedimientos se ha convertido en paralización de facto del sistema desde el 2012».

A renglón seguido, ha dicho que esta gestión ha provocado «menos beneficiarios, menos dictámenes, menos solicitudes, más perdida de empleo en el sector, más personas fallecidas sin acceder a las ayudas y un mayor ritmo en el desmantelamiento del Sistema».

Tras asegurar que las dificultades presupuestarias impuestos por el Estado «no puede afectar ni tambalear a la Ley de Dependencia», ha pedido trabajar conjuntamente durante la presente legislatura para «lograr establecer normativamente la obligatoriedad de mantener la tasa de reposición de los usuarios del sistema, permitiendo garantizar un conveniente equilibrio entre quienes salen y entran a los recursos del mismo».

Por ello, ha invitado a los parlamentarios a sumarse a la elaboración de una iniciativa autonómica dirigida a instar al próximo Gobierno de la nación a modificar la Ley de 2006, a fin de que el futuro ministerio del ramo «garantice la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de las políticas de cohesión social interterritorial».

5.000 FALLECIDOS A LA ESPERA

De su lado, el diputado de Podemos José García Molina ha basado su intervención en el informe realizado por la Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha, resaltando, entre otras cuestiones, que en la región han fallecido 5.000 personas a la espera de cobrar una prestación a pesar de tener reconocido el derecho a percibirla.

Tras asegurar que en estas cuestiones de calado Podemos está dispuesto a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo regional –«para otros fuegos de artificio no»–, ha defendido que en temas como el de la dependencia «todo el mundo se retrata».

«Hay quien en lugar de política hace contabilidad y otros que, en lugar de mostrar coraje político, se escudan en la ideología contable. ¿De qué lado está el presidente?, ha preguntado el diputado de Podemos, quien acto seguido ha lamentado que Emiliano García-Page «esté ausente, como casi siempre», añadiendo que «cada vez lo tiene menos claro».

¿COSPEDAL PROTESTÓ ANTE SU JEFE POR LOS RECORTES?

De su lado, el diputado del Grupo Socialista José Luis Escudero, tras lamentar que la región haya perdido 1.400 millones en esta materia de fondos procedentes del Estado, ha pedido al PP que explique si María Dolores de Cospedal, cuando gobernaba la región, protestó ante su jefe, Mariano Rajoy, por los recortes en el presupuesto. «Los datos constatan que no se quedó atrás y actuó como alumna aventajada de Rajoy».

Dicho esto, ha defendido la gestión que en esta materia ha realizado el actual Ejecutivo socialista en seis meses, y tras hablar del nuevo decreto que permite compatibilizar ayudas, ha dicho que hay 26.000 solicitudes sin resolver, que se ha contratado a 43 personas para agilizar estos expedientes y que la lista de espera se ha reducido en seis meses en 2.640 personas, incrementándose el número de beneficiarios en 2.108 personas.

Por último, ha asegurado que el Ejecutivo socialista ha «suprimido las cinco tasas de la vergüenza, inhumanas», que gravaban a los dependientes, y ha planteado un pacto de estado por la dependencia «para blindar los derechos reconocidos y blindar financiación suficiente».

SUPRESIÓN LA TASA DE LA VERGÜENZA

De su lado, la parlamentaria ‘popular’ Cortes Valentín ha arrancado su intervención preguntando si el Ejecutivo ha suprimido ya lo que los socialistas denominan «tasa de la vergüenza» pues ha leído la carta recibida por un usuario del sistema, de este mismo miércoles, a quien se le cobra esa tasa. «No la han quitado, háganlo de una vez por todas», ha espetado a la responsable de Bienestar Social.

Luego de recordar que fue el Ejecutivo de José María Barreda el que propuso en enero de 2011 devolver las competencias en materia de dependencia en caso de no tener financiación, ha denunciado que fue este Gobierno el que no pagó prestaciones. «Ahora que gobiernan, en lugar de coger el toro por cuernos, se encaran con el Gobierno central», ha condenado.

La parlamentaria ‘popular’ también ha recordado que en la región existen 26.000 personas a la espera de ser valoradas y que si en el mes de junio un total de 17.008 personas cobraron una prestación, en enero lo han hecho 15.665, afeando al Ejecutivo de García-Page no haber concedido ninguna prestación desde que gobierna.

Por último, ha alertado de que la cantidad presupuestada por el Gobierno de García-Page para atender a los usuarios de la dependencia este 2016 es «insuficiente» pues «no salen las cuentas», agregando que se necesitan 15 millones de euros más.

LAS TASAS VAN A DESAPARECER

Por último, en su turno de réplica, sobre la Ley de Tasas, la consejera de Bienestar Social ha asegurado que se está elaborando y «que en siete meses de Gobierno no se puede hacer más» de lo que se ha hecho en materia de Dependencia. «La Ley se está haciendo y esas tasas van a desaparecer», ha concluido.