Los temas relacionados con la administración de justicia, seguridad pública, actividad económica, sanidad, empleo y educación centraron el grueso de las quejas, individuales y agrupadas, ante el Defensor del Pueblo durante 2015, que caen un 23,13 por ciento respecto al año anterior hasta las 17.822. En Castilla-La Mancha se interpusieron 839 quejas.
Así lo refleja el informe anual de la institución dirigida por Soledad Becerril, que ha presentado ante las Cortes Generales este jueves 25 de febrero. Además de las quejas, el documento da cuenta de las actuaciones de oficio abiertas a iniciativa de este organismo durante 2015, que ascienden a 522 (un 6,7% más que en 2014), a las que hay que añadir los 123 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se han reducido a más de la mitad respecto a hace un año, cuando se presentaron 289.
Becerril ha indicado sobre la reducción de las reclamaciones, durante la presentación del informe en el Congreso de los Diputados, que «no es una ciencia precisa» y que, por tanto, no tiene una explicación concreta, aunque ha dicho que se puede deber a que los efectos de la crisis económica durante 2015 «se han notado menos» que en la segunda mitad de 2012, 2013 y 2014, «cuando se dejaron notar de una manera muy fuerte y drástica», que coincidió con un incremento de quejas. «Ha habido menos quejas (en 2015) y los momentos peores de la crisis parece que están pasando», ha afirmado.
En total, por áreas, las quejas, actuaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso ante el TC en 2015 sobre administración de justicia ascienden a 1.902. Le siguen las relativas a la seguridad pública (1.798); actividad económica (1.769); sanidad (1.465); empleo y seguridad social (1.233); educación (1.202); impuestos (1.136); función y empleo público (1.117); política social (917); migraciones (882); centros penitenciarios (465); medio ambiente (446); vivienda (365); urbanismo (357); administración local (239); igualdad de trato (119); prevención de tortura (106); y ‘otros ámbitos’ (2.436).
«Las quejas en justicia se deben a dilaciones en procesos judiciales», ha explicado la Defensora en la Cámara baja, donde ha destacado también las relativas a la dificultad que tienen los españoles para votar en el extranjero, una competencia del Ministerio de Interior, y ha insistido en la necesidad de modificar la Ley Electoral para facilitar el ejercicio de este derecho.
Las quejas en materia de actividad económica se refieren en su mayoría a los bancos y servicios como el gas y la electricidad; las de sanidad a las listas de espera para la atención especializada y la planificación; las de empleo a prestaciones por incapacidad, pensiones, subsidios por desempleo, renta activa de reinserción, reinserción de cobros indebidos.
También ha destacado que las numerosas quejas enviadas por las autoescuelas denunciado el comportamiento violento de los alumnos inscritos; las relativas a la percepción de rentas mínimas, cuya tramitación es «larga y compleja»; o las relativas a residencias de mayores, que «a veces, toman decisiones sin consultar a las familias» de los internos.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
Como consecuencia de estas quejas, la institución formuló 1.503 resoluciones de las que 706 eran recomendaciones, 613 sugerencias y 184 recordatorios de deberes legales. El 42% de todos estos requerimientos fueron aceptados, el 13,2% se rechazaron y el resto, seguían pendientes al cierre del año pasado.
Becerril ha afirmado sobre las recomendaciones, que «muchas» de ellas fueron incorporadas a la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, aprobada en 2015. También ha destacado las relativas a productos financieros, la «falta de transparencia» de entidades bancarias y preferentes. «Hemos dado la batalla para que las entidades bancarias reconocieran abusos cometidos hacia personas frágiles y les devolvieran las cantidades invertidas», ha subrayado.
La Defensora ha puesto en valor la actuación de la institución en relación a la Ley de segunda oportunidad, que, a su juicio, «va por buen camino» y que tiene como objetivo que una persona o familia con alto endeudamiento tenga vías judiciales y extrajudiciales para llegar a acuerdos con las entidades a las que debe importantes cantidades de dinero para aplazar o fraccionar esos pagos.
Otra recomendación «interesante» para Becerril es la dirigida por esta institución en 2015 a ayuntamientos y comunidades para que pongan en alquiler a unos precios razonables, en función de la demanda que tengan, el parque de vivienda pública. «La mayor parte ponen los medios para ello, si bien quedan todavía muchas dificultades y convendría tener un registro general de los pisos que tienen las administraciones públicas», ha aseverado
MADRID, COMUNIDAD VALENCIANA Y ANDALUCÍA
Por comunidades autónomas, el informe explica que las cifras están muy vinculadas al volumen de población, aunque también a la existencia o no de un defensor del pueblo autonómico. Madrid el lugar desde donde más se interpusieron, 4.899; seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.266; Andalucía, 2.173; Cataluña, 1.542; Castilla y León, 972; Castilla-La Mancha, 839; y Galicia, 731.
En cuanto a la forma de presentación de las quejas, los ciudadanos optaron en un 35,3 por ciento de los casos por rellenar el formulario disponible en la web de la institución, dos puntos más que un año antes. El 31,39% la remitieron por correo postal, cuando en 2014 esta vía se utilizó en el 38,9% de los casos. Subió, por contra, el correo electrónico, que ya supone el 25,71%, frente al 15,08% del año anterior.
ADMINISTRACIONES QUE NO COLABORAN
Por otra parte, el informe revela que el Defensor redujo de 36 a 29 días el tiempo medio que tarda en dar su primera respuesta al ciudadano. Sin embargo, las administraciones públicas tardaron más que un año antes en contestar a los requerimientos de la institución: 85 días de espera media frente a los 71 que marcaban en 2014. La más lenta es la administración autonómica, que se demora 97 días de media.
Sin embargo, no todas las instituciones colaboran y de hecho, el Defensor del Pueblo denunció el año pasado al Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) ante la Fiscalía por negarse explícitamente a hacerlo. Sin llegar a esta situación pero señaladas como «entorpecedoras» de su labor, constan 38 administraciones locales y los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Madrid y Asturias.
«Se conocen las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida; pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo», dice el informe.
En total, la institución manejó el año pasado un presupuesto de 13,9 millones de euros, el mismo que en 2014 cuando por primera vez en cuatro años la Oficina del Defensor del Pueblo no sufrió ningún recorte. Del montante, 11,6 millones de euros se fueron en gastos de personal y 2,1 millones en gastos corrientes, bienes y servicios.
