El Gobierno ha vuelto a pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática en plena oleada de incendios. Sin embargo, sus propias decisiones presupuestarias dibujan una realidad difícil de conciliar con ese discurso.
El Fondo de Contingencia, creado para atender gastos imprevistos, llegó a la fase más crítica del verano con su dotación inicial agotada. Contaba con 3.965 millones de euros, pero el Consejo de Ministros ya había autorizado retiradas por cerca de 4.300 millones, después de ampliar la partida en casi 1.000 millones.
Tres de cada cuatro euros se destinaron a cuestiones ajenas a las emergencias climáticas. Cerca de 1.700 millones fueron para operaciones militares en el extranjero. También se utilizaron 519 millones para actividades de interés social, 505 millones para subvenciones al transporte y 158 millones para cubrir el déficit de Muface.
Son gastos públicos que pueden responder a necesidades legítimas, pero no son imprevistos. Y cada euro utilizado en ellos reduce el margen disponible cuando llegan las verdaderas emergencias.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya había advertido de que una parte significativa del gasto cargado a este fondo no tenía carácter imprevisto y de que su uso discrecional podía comprometer la transparencia presupuestaria.
Ahora, con los incendios golpeando Madrid, Ávila y Toledo, el Gobierno tendrá que recurrir a ampliaciones de crédito, otras partidas o decretos específicos para financiar las ayudas.
Menos dinero para la política climática
La contradicción no termina ahí. La Oficina Española del Cambio Climático gastó 7,9 millones de euros en 2025, un 60% menos que los 19,4 millones empleados en 2018.
Este organismo se encarga de formular la política nacional de cambio climático, coordinar actuaciones, evaluar riesgos y asesorar a la Administración.
Hasta mayo de 2026 había recibido 4,8 millones de los 17,1 millones presupuestados para todo el año.
No puede afirmarse que este descenso del gasto sea la causa directa del aumento de los incendios. La gestión forestal depende en buena medida de las comunidades autónomas y en el fuego influyen numerosos factores.
Pero el contraste es evidente: mientras el Gobierno habla de prioridad nacional, reduce el gasto del organismo que debe coordinar esa política.
Seis veces más superficie quemada
En 2018 ardieron en España 26.994 hectáreas. En lo que va de 2026 ya se han quemado 172.396, más de seis veces aquella cifra.
El año 2025 cerró con 354.793 hectáreas afectadas, muy por encima de la media de la década anterior.
Ante este escenario, reclamar un pacto de Estado puede ser razonable. Pero un pacto necesita algo más que discursos: exige prevención, presupuesto, planificación y reservas suficientes.
La emergencia climática no se combate solo desde una rueda de prensa. También se combate decidiendo dónde se gasta el dinero antes de que empiecen a arder los montes.
