Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto que incorpora a la normativa autonómica el nuevo Grado III+ de dependencia extrema para personas con ELA en fase avanzada y otros procesos de alta complejidad, con prestaciones que podrán alcanzar los 9.859 euros mensuales para financiar cuidados profesionales de especial intensidad.
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha explicado que estas ayudas estarán destinadas a sufragar servicios de ayuda a domicilio o asistencia personal. La cuantía mínima prevista para los supuestos incluidos en este nuevo grado será de 3.200 euros al mes.
La medida desarrolla en Castilla-La Mancha las previsiones de la Ley ELA y busca reforzar la atención a personas que necesitan cuidados continuados y de gran intensidad.
Padilla ha señalado que estas situaciones son «muy duras» también para las familias y ha defendido que el nuevo decreto pretende ampliar el respaldo público tanto a los afectados como a su entorno más cercano.
Compatibilidad con cuidados familiares
Una de las principales novedades será la posibilidad de compatibilizar las prestaciones profesionales con ayudas para cuidados en el entorno familiar cuando la atención reconocida mediante ayuda a domicilio o asistencia personal sea inferior a las 480 horas mensuales.
Esta compatibilidad será financiada con fondos propios de Castilla-La Mancha y, en esos casos, la prestación destinada a cuidados familiares se reconocerá en su cuantía máxima.
«Queremos que el apoyo profesional pueda complementarse», ha afirmado Padilla, quien ha destacado «el esfuerzo tan importante que hacen las familias».
Sin nueva valoración para determinados pacientes
El decreto también incorpora medidas para reducir los trámites administrativos. Las personas que ya tengan reconocido un Grado III y puedan acreditar mediante certificado médico una situación de dependencia extrema no tendrán que pasar por una nueva valoración.
«Cuando la enfermedad avanza, cada trámite, cada plazo, importan», ha subrayado la portavoz.
Asimismo, se fija un plazo máximo de tres meses para realizar la valoración del grado de discapacidad y dependencia y para resolver las revisiones tanto del grado reconocido como del Programa Individual de Atención.
Según ha explicado el Gobierno regional, las personas con ELA tendrán reconocido inicialmente al menos un 33% de discapacidad y un Grado I de dependencia.
Prestaciones con efectos retroactivos
Otra de las novedades será la retroactividad de las prestaciones. Sus efectos económicos se reconocerán desde el momento en el que se presente la solicitud.
En el caso de personas que ya tengan reconocido algún grado de dependencia, los efectos podrán aplicarse desde la fecha de ese reconocimiento.
El objetivo, según Padilla, es evitar que «el tiempo de tramitación» administrativa provoque una pérdida de apoyo económico para las personas beneficiarias.
El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que estas medidas podrán beneficiar cada año a unas 50 personas con ELA u otros procesos de alta complejidad.
Para hacer frente a estas prestaciones y a los cambios asociados al nuevo decreto, la Junta prevé destinar 3,7 millones de euros anuales.
Actualmente, el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha atiende a alrededor de 83.000 personas. El Ejecutivo regional sostiene que la incorporación del Grado III+ permitirá ofrecer una respuesta específica a quienes necesitan los cuidados más intensos.
