El sector del ajo español afronta un nuevo escenario de incertidumbre que podría afectar a sus exportaciones y a la rentabilidad de los agricultores. Las recientes decisiones comerciales de Marruecos y Reino Unido han encendido las alarmas entre los productores, que reclaman una respuesta urgente del Gobierno de España y de la Comisión Europea.
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA) advierte de que los cambios afectan a dos de los principales mercados internacionales para el ajo español, lo que podría tener consecuencias para la actividad económica y el empleo vinculados a este cultivo.
La preocupación se centra en dos medidas diferentes: las nuevas licencias exigidas por Marruecos para importar ajo y la eliminación temporal de aranceles que Reino Unido aplicará a partir del próximo 26 de noviembre.
Marruecos establece nuevas condiciones para importar ajo español
El Gobierno marroquí ha introducido un sistema de licencias para la importación de ajo fresco o refrigerado, con una vigencia anunciada de 18 meses.
Esta medida no supone una prohibición de las importaciones, pero podría complicar las operaciones comerciales si provoca retrasos, limitaciones o dificultades para obtener las autorizaciones.
Por ello, los productores españoles solicitan conocer con claridad qué requisitos deberán cumplir los exportadores, cuánto tardarán en concederse las licencias y cómo afectará el nuevo procedimiento a las ventas.
La importancia de este mercado es considerable. En 2024, España exportó a Marruecos 15.215 toneladas de ajo, lo que representó el 10,74 % de todas las exportaciones españolas de ese año.
En 2025, las ventas al país norteafricano se situaron en aproximadamente 11.284 toneladas, según los datos internacionales de comercio citados por la asociación.
Reino Unido eliminará temporalmente los aranceles al ajo
La segunda preocupación procede de Reino Unido, cuyo Gobierno ha decidido suspender temporalmente los aranceles de varios productos, entre ellos el ajo, a partir del 26 de noviembre y hasta finales de 2028.
La referencia arancelaria publicada para este producto es del 8 % más 100 libras por cada 100 kilogramos.
La eliminación de estas cargas podría facilitar la entrada de ajo procedente de países que actualmente afrontan mayores barreras comerciales, aumentando la competencia para los productores españoles.
Sin embargo, todavía está pendiente confirmar oficialmente cómo se aplicará esta suspensión al ajo importado fuera de los contingentes arancelarios, especialmente al procedente de China.
Para España, Reino Unido también representa un destino importante. En 2024 recibió 14.889,5 toneladas de ajo español, equivalentes al 10,52 % del volumen exportado.
Más del 21 % de las exportaciones españolas dependen de ambos mercados
Las cifras permiten entender la preocupación de los agricultores y comercializadores.
Durante 2024, España vendió al exterior un total de 141.600 toneladas de ajo, de las cuales 30.104,5 toneladas tuvieron como destino Marruecos y Reino Unido.
Esto significa que ambos países concentraron el 21,26 % de las exportaciones españolas, por lo que cualquier cambio en sus condiciones comerciales puede tener repercusiones relevantes para el sector.
El presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín Cervantes, ha advertido de la importancia de estos destinos para mantener la actividad productiva.
«No estamos hablando de mercados marginales, sino de destinos fundamentales para la comercialización del ajo español», ha señalado.
También ha reclamado una respuesta europea ante la coincidencia de las nuevas exigencias marroquíes y la posible entrada de más competidores en el mercado británico.
Los productores piden medidas para proteger el cultivo y el empleo rural
Ante esta situación, la asociación ha solicitado a la Comisión Europea que examine el sistema de licencias establecido por Marruecos y compruebe su compatibilidad con los acuerdos comerciales vigentes.
También reclama mayor transparencia sobre las autorizaciones de importación y un análisis de los efectos que tendrá la suspensión de aranceles británica sobre los productores europeos.
Entre las medidas propuestas figuran el seguimiento de los intercambios comerciales y la aplicación de instrumentos de defensa comercial cuando se cumplan los requisitos legales.
Además, los productores consideran necesario abrir cuanto antes un diálogo con las autoridades españolas y europeas, especialmente porque las nuevas condiciones de Reino Unido entrarán en vigor el próximo 26 de noviembre.
