Los grupos de Ciudadanos y Partido Popular han logrado este lunes incluir cuatro de las 32 enmiendas que, en conjunto, ambas formaciones han presentado al proyecto de Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha que tramita el Parlamento regional. Si la formación naranja ha obtenido el apoyo de tres de las 12 propuestas de mejora que había presentado al texto, los ‘populares’ tan solo han podido colar una de las 20 elaboradas.

Entra las que integrará el texto a propuesta de Ciudadanos se encuentra la modificación del apartado 1 del artículo 28 y la modificación de la letra b) del artículo 68, con el objetivo de establecer criterios objetivos en la adjudicación que reduzcan el margen de discrecionalidad de los órganos administrativos competentes para dictar la resolución, dificultando de este modo la aparición de arbitrariedad en las resoluciones, lo que cumple en mayor medida con los principios de participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.



Con este objetivo, la formación naranja sugería la modificación del apartado 2 del artículo 69, propuesta que también ha salido adelante, al apoyarla la mayoría socialista.

Mientras, la única enmienda de las 20 redactadas por los ‘populares’ que sumará el proyecto de ley es la de modificación artículo 50.

Las 26 enmiendas restantes han quedado vivas para su votación en pleno, en un dictamen que defenderá el parlamentario socialista Fernando Mora.

POCA AMBICIÓN

Abría las intervenciones el diputado de la formación naranja David Muñoz Zapata, que ha asegurado que este proyecto de ley «no tiene mucho que alabar», pues cumple el expediente en su adaptación a la normativa estatal pero adolece de «ambición», sobre todo la manera de gestionar el patrimonio y el dinero público de todos, que a su entender ha de emular la responsabilidad con la que familias y empresas gestionan sus propio dinero.



«Es una oportunidad perdida. No se avanza en la gestión del patrimonio ni en las reformas que la ciudadanía reclama, que pide mayor cuidado pues hay menos dinero», ha lamentado.

Luego de destacar la importancia de la norma, pues abarca a los más de 1.000 inmuebles y 1.500 vehículos que tiene el Gobierno regional, así como a las seis empresas publicas que manejan un volumen de 270 millones de euros al año, ha defendido que alguna de sus enmiendas aspiraban a acabar con el «amiguismo» a la hora de gestionar patrimonio y las empresas castellanomanchegas, haciendo primar la rentabilidad social en beneficio de los ciudadanos y no del Gobierno.

De ahí que, recogiendo las recomendaciones de la OCDE, Ciudadanos propusiera que los ciudadanos de la región sean los accionistas de sus empresas públicas y, al igual que los accionistas de las empresas privadas eligen a los integrantes de sus consejos de administración, estos puedan examinar de forma periódica la capacidad de sus gestores.

Además de abogar por que las empresas públicas respondan de forma subsidiaria de sus deudas, de manera que «el Gobierno se cuidará muy mucho de que no dejen pufos», Ciudadanos, para acabar con la ocupación ilegal de viviendas, proponía que el Gobierno regional use la figura del desahucio administrativo en detrimento del judicial, porque es «más rápido» a la hora de poner freno a este fenómeno que afecta al parqué de viviendas del Ejecutivo regional, como ocurre, ha denunciado Muñoz Zapata, con las 88 viviendas de la calle Joan Miró de Puertollano, ocupadas desde hace ocho años.

Por contra, los ‘populares’ no han conseguido, como pretendían, que tanto las licitaciones o adquisiciones, en supuestos de adjudicación directa, como las permutas necesiten de autorización directa por parte del Consejo de Gobierno cuando el importe de las mismas sea superior al millón de euros, y no cuando sea superior a 12 millones, como aparece en el texto original del proyecto de Ley.

Tampoco, como ha reclamado Benjamín Prieto, que las Cortes ratifiquen la puesta en marcha de una empresa pública antes de su inscripción en el Registro Mercantil y que conozca anualmente la gestión del sector empresarial público de la región.

Y es que la mayoría socialista, como ha defendido el presidente del grupo, Fernando Mora, no considera necesario, como proponía el PP, realizar una adjudicación directa cuando los bienes sean destinados a actividades que promuevan el desarrollo rural, con el fin de fijar población en el territorio.

Los socialistas tampoco han visto preciso promover la cesión gratuita condicionada al ejercicio de acciones, usos y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes, faciliten el asiento de nuevos pobladores y promuevan actividades económicas tendentes a diversificar la actividad económica y generar empleo, ni crear un inventario de edificios, inmuebles y fincas que no tengan un uso adscrito o definido, para que puedan ser utilizados por cualquier entidad de la Administración o cedidos por otra administración o entidad sin ánimo de lucro, como reclamaba el PP.

Y es que el diputado socialista, que ha defendido que se trata de un ley eminentemente técnica, con escaso contenido político, ha lamentado que muchas de las enmiendas propuestas por Cs y PP persigan regular aspectos no propios de una ley patrimonio, sino de legislación mercantil, de vivienda o incluso de la futura ley que el Ejecutivo regional elabora contra la despoblación.

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