La Consejería de Hacienda asegura que «se ha seguido en todo momento el procedimiento administrativo»
Los sindicatos CSIF y STAS han denunciado este martes la «ausencia de criterios democráticos» del Gobierno regional en la negociación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dicho convenio, anunciado como firmado el pasado viernes entre el Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT, no cuenta con las rúbricas de CSIF y STAS a pesar de que eran favorables a dar su apoyo a un plan que afecta a cerca de 7.000 trabajadores públicos en la región, según han informado ambos sindicatos en una rueda de prensa conjunta, en la que han señalado que esa firma «no estaba en el orden del día de la reunión» y, a pesar de ello, el Gobierno regional «instó a su aceptación».
El presidente del Sector de Administración General de la Junta de CSIF, Roberto Rincón, ha indicado que su posición «era favorable» pero querían consultar con los trabajadores y con los órganos correspondientes, y por ello pidieron dos días hábiles pero «un sindicato se negó en rotundo y dijo que había que firmar el mismo día».
Por su parte, Gustavo Fabra, portavoz de STAS CLM, ha señalado que lo ocurrido supone «un escándalo porque se han vulnerado los derechos fundamentales de la Constitución en lugar de buscar una firma por unanimidad de los sindicatos», y han solicitado que se les convoque de forma oficial para solucionar este tema, han informado los sindicatos en un comunicado.
«Han preferido hacerlo sólo con dos sindicatos a firmarlo por unanimidad con todos los sindicatos presentes», ha criticado Fabra, que ha lamentado que este mismo martes entre en vigor el VIII Convenio Colectivo y les hayan «dejado fuera de la Comisión Paritaria y de las Bolsas de Trabajo, que se han dejado en manos de CCOO y UGT, los cuales han demostrado que son unos sindicatos amigos del Gobierno que sólo representan sus propios intereses».
CSIF y STAS han asegurado que, si no se les convoca oficialmente para la firma del VIII Convenio, pedirán la dimisión del director de la Función Pública, José Narváez, y se iniciarán acciones legales.
«SE HA SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO»
De su lado, fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas han detallado a Europa Press que el procedimiento administrativo «se ha seguido en todo momento».
Además, han destacado que sean los sindicatos que no firmaron el anterior acuerdo entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores «los que ahora parece que no quieren firmar tampoco este acuerdo».
