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Un procedimiento específico de valoración de la situación de dependencia de los menores, debido a la especial urgencia de atención que requieren, así como avanzar en la mejora del sistema de compatibilidades entre servicios y prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la región, son algunos de los objetivos del Decreto del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que será “una realidad muy pronto”.


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Así lo ha indicado en sede parlamentaria, la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, que ha comparecido, a petición del PP, en la Comisión de Bienestar Social, para dar cuenta de la tramitación de dicho Decreto, que complementa al Decreto aprobado en enero de 2016, que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema de Dependencia en la Comunidad Autónoma y determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable, a fin de agilizar todo lo que contiene.

Según ha recordado Saavedra, este segundo Decreto derogaría el aprobado por el anterior Ejecutivo ‘popular’, en base al Real Decreto 20/2012 del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que “tan penosa repercusión tuvo para todos los servicios públicos y sobre todo para el sistema de dependencia nacional y autonómico”, pues redujo las cuantías de las prestaciones económicas o la aportación estatal a las comunidades acordada por ley, de tal modo que a Castilla-La Mancha le ha generado una deuda de más de 353 millones, que ya ha reclamado al Gobierno central.


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La responsable regional de Atención a la Dependencia ha destacado la participación ciudadana a la hora de elaborar este nuevo Decreto, que ha estado en consulta pública entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre, y ha recibido un total de 15 sugerencias, formuladas por cinco ciudadanos y dos entidades.

Dichas aportaciones hablan de la intensidad de los servicios, de las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas empleadas de hogar, de peticiones de ayudas de accesibilidad, de recuperar el nivel de las prestaciones económicas antes de 2012 o mejorar la coordinación entre médicos de residencia y de Atención Primaria.


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Los participantes también han demandado que sean compatibles las prestaciones que se reciban del servicio de Centro de Día con las de transporte, que los centros de entidades sociales formen parte del catálogo de dependencia y que se agilicen los expedientes, sobre todo los casos de emergencia.

Tras precisar que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para poder asumir muchas de esas peticiones, ya que muchas de las aportaciones no están relacionadas con la Dependencia, Saavedra ha indicado que el trámite de información pública aún no ha finalizado, pues ha de salir otra vez a información pública, pasar por servicios jurídicos, por el Consejo Asesor de Servicios Sociales y por el Consejo Consultivo.


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En cuanto a los objetivos del futuro Decreto, que ante todo persigue que la Administración regional sea más “ágil en la tramitación del procedimiento para no retrasarlo”, Saavedra ha recordado que, de igual modo, va a determinar la composición y funciones de los equipos competentes para valorar la situación de dependencia y elaborar los Programas Individuales de Atención o regular los criterios de determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria y la gestión de las prestaciones económicas.

LENTITUD, AUSENCIA DE LA PLATAFORMA Y RECORTES

De su lado, la portavoz de Podemos en la comisión, María Díaz, ha vuelto a reclamar, como ya hiciera su partido en el Estado del Debate de la Región celebrado esta semana, la derogación del Decreto actual, al tiempo que ha vuelto a afear al Gobierno de Emiliano García-Page que ha tenido “tiempo más que suficiente”, porque llevan dos años en el Ejecutivo, para haber realizado una nueva norma consensuada.


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Mientras, la responsable de Bienestar Social del Grupo Popular, Cortes Valentín, ha criticado que la directora general para elaboración de este nuevo decreto “haya vetado” a la Plataforma de la Ley de Dependencia, “porque les dice las verdades, porque corrigen sus datos falsos”.

Por contra, el representante socialista en dicha comisión, José Luis Escudero, ha defendido que este Decreto de procedimiento es fundamental para que los usuarios de la Dependencia en la región recuperen derechos “dinamitados por los gobiernos del PP” y que han generado un agujero de 353 millones de euros en las arcas de Castilla-La Mancha.


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Y es que ha defendido que el nuevo Decreto va a cubrir el “vacío legal” creado por Cospedal, asegurará jurídicamente la situación de personas dependientes y mejorará los trámites y las compatibilidades, todo ello desde el diálogo con las entidades que trabajan con los dependientes.

COMPROMISO DE AGILIZAR EL TRÁMITE

En su turno de réplica, la directora general de Atención a la Dependencia, tras asumir que los tiempos de la administración “son largos”, ha recogido el guante lanzado por Podemos y se ha comprometido a agilizar la tramitación del decreto.


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En cuanto a las críticas del PP sobre la Plataforma de la Ley de Dependencia, Saavedra ha explicado que el 6 de abril, cuando se creó el grupo de trabajo para comenzar a elaborar dicho decreto, se contó con el CERMI y con la Plataforma “que en ese momento estaba presidida por Aurelia Jerez”.

Además, antes de comparecer en Comisión, en rueda de prensa, la directora general, y a preguntas de los medios, ha indicado que la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha “estuvo más que presente” en la elaboración del Decreto de enero de 2016, hasta el punto de que muchas de las mejoras que se incorporaron al texto fueron a propuesta suya.

Dicho esto, ha asegurado que a pesar de estar presente en el grupo de trabajo que se ha creado para realizar este nuevo Decreto, la plataforma “no ha participado”, a pesar de tener la oportunidad de poder haberlo hecho.

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