Castilla-La Mancha ampliará las oportunidades de acceso al empleo público para las personas con discapacidad intelectual. La Oferta de Empleo Público de 2026, que está previsto aprobar antes de que termine el año, incluirá plazas reservadas para este colectivo tanto en Educación y Sanidad como entre el personal funcionario y laboral de la Administración regional.
Además, la Junta convocará 44 plazas para personas con discapacidad intelectual en la Administración General, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2025 y 2026, según ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Estas nuevas plazas se sumarán a las 46 correspondientes a las ofertas de 2023 y 2024 que ya han sido adjudicadas. Los procesos selectivos destinados a personas con discapacidad intelectual se desarrollan de manera independiente y con temarios adaptados.
Según los datos facilitados por el Gobierno regional, actualmente hay 183 empleados públicos con discapacidad intelectual trabajando en la Administración de Castilla-La Mancha después de superar estos procesos de selección.
El anuncio se ha realizado durante la entrega de diplomas a ocho jóvenes que han terminado una nueva edición del programa de Digitalización y gestión documental, desarrollado en el Archivo Regional en colaboración con entidades del Tercer Sector.
El programa ofrece a sus participantes nueve meses de formación teórica y práctica, con más de 800 horas, a los que siguen otros tres meses contratados por la Fundación CIEES para realizar trabajos de digitalización en el Archivo Regional.
La iniciativa comenzó hace 13 años y, según la Junta, más de 40 participantes han conseguido posteriormente acceder al mercado laboral en puestos relacionados con la Administración y la Gestión. Quienes todavía no han encontrado empleo continúan, en parte, ampliando su formación o se encuentran en búsqueda activa.
El trabajo desarrollado dentro del programa también ha permitido digitalizar durante estos años 1,2 millones de imágenes del Archivo Regional de Castilla-La Mancha.
La Junta mantiene además otras medidas dirigidas a facilitar la incorporación laboral de las personas con discapacidad intelectual. Entre ellas se encuentran las unidades de apoyo existentes en las provincias para acompañar a estos trabajadores durante su trayectoria profesional y la reserva anual del 10 % del importe destinado a contratación pública para centros especiales de empleo y empresas de inserción.
