La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo al requisito de que un incendio haya afectado a más de 500 hectáreas para que agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas previstas. La organización considera que este límite puede excluir a explotaciones que hayan sufrido daños importantes pese a encontrarse en incendios de menor extensión.
«No entendemos que se pueda medir la gravedad de las pérdidas de una familia agricultora o ganadera exclusivamente por el número de hectáreas quemadas. Una explotación puede sufrir daños muy graves, aunque el incendio afecte a una superficie inferior a 500 hectáreas», señala la organización.
La Unión sostiene que el criterio puede dejar sin apoyo a profesionales que hayan perdido cultivos, pastos o instalaciones, o hayan sufrido daños en explotaciones ganaderas y otros bienes necesarios para mantener su actividad.
Por este motivo, reclama a las administraciones que reconsideren el umbral de las 500 hectáreas y que las ayudas tengan en cuenta el perjuicio económico sufrido por cada explotación. «Los incendios no entienden de límites administrativos ni de cifras redondas, y las pérdidas de nuestros agricultores y ganaderos tampoco», reivindica.
La organización agraria también ha aprovechado su pronunciamiento para cuestionar la gestión de los recursos públicos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales. En concreto, pide analizar de forma «seria y transparente» las cantidades destinadas a estas políticas, su gestión y los resultados obtenidos.
En este punto, La Unión dirige sus críticas hacia Geacam y sostiene que parte de su financiación procede de recursos vinculados a los planes de desarrollo rural que afectan al sector agrario y ganadero. La organización reclama explicaciones sobre este modelo y cuestiona que, posteriormente, haya agricultores que puedan quedar fuera de las ayudas por no alcanzar el incendio el límite establecido.
«Por un lado, se detraen recursos del sector a través de los planes de desarrollo rural, esos recursos se destinan a estructuras como GEACAM y, cuando finalmente se produce un incendio que afecta a nuestras explotaciones, se deja desamparados a los agricultores y ganaderos por el simple hecho de que el incendio no haya alcanzado las 500 hectáreas», denuncia.
La Unión pide que las ayudas se concedan con criterios objetivos relacionados con los daños reales, independientemente de que el fuego haya afectado a 100, 300, 499 o más de 500 hectáreas.
Además, solicita que la Administración escuche a las organizaciones agrarias y a los propios afectados antes de aplicar este tipo de medidas. La entidad advierte de que continuará reclamando cambios para que, según defiende, ninguna explotación con pérdidas quede sin apoyo únicamente por la superficie total alcanzada por el incendio.
