Los 14 menores migrantes procedentes de Ceuta que está previsto que lleguen este jueves a Castilla-La Mancha, entre ellos una niña, corresponden a crisis migratorias anteriores a la registrada el pasado mes de julio, según ha asegurado el Gobierno regional.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha explicado este miércoles que los datos facilitados por el Gobierno de España llevan al Ejecutivo autonómico a concluir que estos menores no forman parte de las llegadas del 30 de julio. «Los datos que ha dado el Gobierno de España, que tan solo ha tramitado diez expedientes, pues ya hace ver que estos 14 que nos envían son anteriores», ha señalado.
La llegada se producirá en un momento en el que, según Padilla, Castilla-La Mancha tutela actualmente a más de 1.200 menores, una cifra que incluye tanto a menores migrantes como a jóvenes nacidos en España.
La portavoz ha insistido en que la capacidad de acogida de la comunidad autónoma es «muy limitada» debido al modelo existente y ha reclamado una mayor planificación y financiación para poder atender nuevas llegadas.
«Para poder ser todos más solventes a la hora de acoger menores, hay que tener una mayor planificación. No puede haber improvisación de por medio y, evidentemente, la financiación de los recursos son importantes», ha afirmado.
Padilla también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la preparación de 10.000 plazas para atender a migrantes en caso de que sean necesarias. La portavoz regional ha defendido que «lo que hay que hacer es controlar las fronteras» y ha advertido de que la capacidad de acogida será cada vez más limitada si continúan produciéndose nuevas llegadas.
Al mismo tiempo, ha pedido abordar la cuestión migratoria «con seriedad» y alejada tanto de planteamientos emocionales como del «populismo» y de los discursos de odio.
Finalmente, el Gobierno castellanomanchego ha rechazado que el reparto de menores responda a decisiones unilaterales del Ejecutivo central. Padilla ha defendido que estos traslados deben tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y contar con una planificación previa.
