El Gobierno ha aprobado este lunes un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Las medidas, que tendrán una vigencia inicial de tres meses, buscan amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios energéticos y reforzar la competitividad de la industria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado la importancia de mantener el escudo para hogares y empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque ha señalado que la incertidumbre se ha reducido. “Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo”, ha advertido.
El alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares se mantendrá, pero se irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales. “Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares”, ha confirmado Cuerpo. En concreto, la reducción del impuesto especial a hidrocarburos será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10 % de los carburantes, siguiendo las recomendaciones de Bruselas.
El Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación, que devolvería el apoyo a 20 céntimos por litro si el conflicto se recrudece y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse. “Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos”, ha aclarado Cuerpo. Además, se revisará mensualmente la evolución del IPC del año anterior y, si supera el 15 %, se reactivarán las reducciones tanto para electricidad como para gas.
Se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro para los profesionales del sector primario y del transporte. En el caso de la agricultura, se añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya disponibles.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio. “Se publicará la lista de aquellas estaciones que tengan comportamiento anómalo y, por otro lado, los consumidores podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala en estas estaciones de servicio”, ha explicado Aagesen, quien ha detallado que hasta ahora solo se ha detectado comportamiento anómalo en 52 estaciones.
En el ámbito de la fiscalidad energética, el Gobierno ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, ajustando los tipos de manera progresiva hasta su desaparición en 2028. El impuesto, que tenía un tipo del 7 % este año 2026, pasará al 5 % en los dos trimestres restantes, al 3,5 % en 2027 y desaparecerá en 2028. “Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía”, ha destacado Cuerpo.
Aagesen ha añadido que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que contribuirá a abaratar la factura de los hogares, los sectores productivos y la industria. “Una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables y hemos visto cómo en el pasado hemos aplicado medidas de manera transitoria de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, pero por primera vez establecemos esa senda clara hasta el año 2028”, ha señalado. Según la ministra, la eliminación estructural del 7 % puede suponer una reducción de hasta el 6 % en la factura de los consumidores.
Respecto al impacto en la industria, el Gobierno estima que la producción industrial aumentará en 2.600 millones de euros anuales y se crearán unos 3.700 empleos gracias a la medida. “Inversiones en proyectos tan importantes como de hidrógeno renovable o de descarbonización industrial en favor de la electrificación”, ha subrayado Aagesen.
El real decreto ley también mantiene la prohibición de despedir en este contexto para las empresas que accedan a las ayudas. Además, se flexibiliza el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo realizar inversiones más allá de la fecha límite de agosto para aquellos hitos ya cumplidos.
