La organización agraria ASAJA Ciudad Real ha mostrado su malestar tras la publicación de la Orden del Ministerio de Hacienda sobre la reducción de módulos del IRPF agrario correspondiente al ejercicio 2025, una medida que, según denuncian, llega tarde y deja fuera a buena parte de las explotaciones afectadas por las adversidades climáticas de la provincia.
En este contexto, Tomelloso aparece como el único municipio de Ciudad Real que contará con una reducción específica incluida en la orden ministerial, aplicada al cultivo de la uva, una decisión que ASAJA considera insuficiente ante la situación general del campo ciudadrealeño.
Desde la organización agraria lamentan que el Ministerio no haya tenido en cuenta gran parte de las peticiones trasladadas desde la provincia, pese a los daños registrados durante la pasada campaña por fenómenos meteorológicos y otras incidencias que afectaron a numerosas producciones agrícolas y ganaderas.
“La decepción es total porque Hacienda no ha contemplado prácticamente ninguna de las reducciones solicitadas para Ciudad Real”, han señalado desde ASAJA, que denuncia la “desconexión” del Gobierno central con la realidad del sector agrario.
La asociación recuerda que, además de la rebaja aplicada al viñedo de Tomelloso, las únicas reducciones aprobadas con carácter general afectan a los sectores de apicultura y ovino y caprino, tanto de carne como de leche.
ASAJA considera “inadmisible” que hayan quedado fuera multitud de municipios y cultivos afectados por pérdidas importantes durante 2025 y anuncia que remitirá un nuevo informe al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura solicitando la ampliación de las ayudas fiscales y la inclusión de más zonas y producciones.
La organización también reclama la recuperación de medidas fiscales eliminadas esta campaña, como la rebaja del 35 % en el gasóleo agrícola y del 15 % en fertilizantes, al considerar que siguen siendo fundamentales para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Además, ASAJA insiste en que la orden debería publicarse antes del inicio de la campaña de la renta para evitar inseguridad jurídica y trámites adicionales a agricultores y ganaderos.
“El campo no puede seguir asumiendo el coste de la falta de previsión de la Administración”, subrayan desde la organización provincial, que continuará reclamando medidas fiscales “justas y adaptadas” a la realidad del sector.
