La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que se ha desbloqueado la jubilación parcial para cerca de un millar de empleados públicos de Castilla-La Mancha tras la aprobación de una nueva disposición en el IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Comunidades.
Según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, la nueva disposición adapta el convenio a la normativa estatal y regula las condiciones para que el personal laboral fijo pueda acogerse a la jubilación parcial, un derecho que, según CSIF, permanecía bloqueado desde abril de 2025 tras la entrada en vigor de la nueva legislación.
La regulación establece la posibilidad de reducir la jornada entre un 25 % y un 75 %, con determinadas condiciones en función de la anticipación de la jubilación, y permite acumular el tiempo de trabajo en días, semanas, meses o incluso concentrarlo al inicio de la jubilación parcial. Además, da prioridad a los trabajadores que habían solicitado este derecho antes de la entrada en vigor de la normativa estatal y no pudieron acceder a él.
Desde CSIF, el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma, Joaquín Sánchez, ha asegurado que la presión ejercida por el sindicato ha sido determinante para que la Junta incorporara esta regulación y ha atribuido el bloqueo a la reforma del sistema de pensiones, al considerar que no tuvo en cuenta las particularidades de la contratación en las administraciones públicas.
El sindicato sostiene que esta medida favorecerá el relevo generacional en la Administración autonómica y facilitará la incorporación de nuevos profesionales.
Asimismo, CSIF ha avanzado que vigilará la aplicación de este acuerdo para que se desarrolle de forma homogénea en todas las consejerías, organismos autónomos y entidades del sector público regional, y ha reclamado que también pueda extenderse a las administraciones locales.
Por otro lado, la organización sindical ha vuelto a exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha la apertura de una negociación para implantar la carrera profesional del personal funcionario y laboral de la Junta, una reivindicación que, según CSIF, afecta a más de 14.000 empleados públicos de la Administración General y sus organismos autónomos.
