Las denuncias por ocupaciones ilegales de vivienda han experimentado un descenso en Castilla-La Mancha durante el año 2025, según los datos publicados por el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En la región se registraron 502 denuncias, lo que supone una bajada del 6,69 % respecto a las 538 contabilizadas en 2024.
El número de casos esclarecidos en Castilla-La Mancha también disminuyó, pasando de 426 en 2024 a 391 en 2025, lo que representa una reducción del 8,21 %. Además, el número de personas detenidas por estos hechos fue de 166, un 30,52 % menos que el año anterior, cuando se detuvieron a 238 personas.
Por provincias, Toledo fue la que acumuló más denuncias, con 275 casos (-9,83 %), seguida de Ciudad Real con 80 (-5,88 %), Guadalajara con 65 (-1,51 %), Albacete con 63 (+3,27 %) y Cuenca con 19 (-9,52 %). En cuanto a los hechos esclarecidos, Toledo también lideró la estadística con 217 casos (-11,42 %), seguida de Ciudad Real con 64 (-5,88 %), Guadalajara con 44 (+2,32 %), Albacete con 51 (+4,08 %) y Cuenca con 15 (-28,57 %).
A nivel nacional, las denuncias por delitos relacionados con las ‘okupaciones’ de vivienda descendieron casi un 10 % en 2025, con 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Cataluña sigue siendo la comunidad con más denuncias, con 5.913 casos, lo que representa casi el 40 % del total nacional. No obstante, en esta comunidad las ‘okupaciones’ han bajado un 15 % respecto al año anterior, cuando se tramitaron 7.009 denuncias.
Tras Cataluña, Andalucía registró 1.909 denuncias en 2025 (-13 %), la Comunitat Valenciana 1.805 (+2 %) y la Comunidad de Madrid 1.269 (-12 %). Canarias (596 denuncias), Castilla-La Mancha (502), País Vasco (456), Islas Baleares (433) y Murcia (425) completan la lista de regiones con más casos contabilizados.
La evolución de este fenómeno muestra un incremento sostenido desde 2010, cuando se registraban unos 3.000 casos anuales. Esta cifra se duplicó en 2012 y se ha quintuplicado si se compara 2010 con 2024. En Cataluña, por ejemplo, en 2014 se anotaban unos 3.000 casos al año, cifra que se ha duplicado en la última década.
El Gobierno y el Ministerio del Interior insisten en no alarmar sobre la problemática de las ‘okupaciones’, subrayando que los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en comparación con los de usurpación, que afectan mayoritariamente a viviendas vacías. «No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska en sede parlamentaria para responder a las críticas.
Las estadísticas oficiales no distinguen entre allanamiento de morada y usurpación, ya que esta calificación corresponde al órgano judicial encargado de instruir cada denuncia. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, solo el 0,16 % de los delitos genéricos de ocupación correspondían a allanamientos.
