El Gobierno ha decidido adelantar un año la entrada en vigor de la obligación para empresas y entidades públicas de más de 200 trabajadores, o 100 por turno, de implantar planes de movilidad sostenible. Esta medida, que forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible, tenía inicialmente un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley en diciembre de 2025, pero ahora se acorta a 12 meses, de modo que en diciembre de 2026 deberán estar listos estos planes.
El plan de respuesta del Ejecutivo al impacto de la guerra en Irán incluirá, además, la prohibición a las empresas de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo.
Así lo han confirmado fuentes del Gobierno, en el marco de un paquete de medidas que será aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, que ha comenzado con dos horas de retraso debido a desacuerdos entre el ala socialista y Sumar sobre el contenido del plan anticrisis.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había avanzado hace unos días que el plan anticrisis incluiría «probablemente la prohibición de despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos», así como medidas en movilidad sostenible para impulsar el transporte colectivo.
En relación con los centros de trabajo de alta ocupación, definidos como aquellos con más de 1.000 trabajadores situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las entidades públicas y privadas deberán incluir medidas para reducir la movilidad de los empleados en horas punta o durante la jornada laboral.
También deberán promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones y servicios de movilidad colaborativa, además de impulsar la movilidad activa y facilitar la recarga de estos medios de transporte.
La ministra Díaz ha defendido en los últimos días que la mayoría de los mecanismos laborales para afrontar situaciones críticas, como los ERTE, ya están recogidos en la legislación española. «Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor.
Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie», subrayó la semana pasada.
La prohibición de realizar despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo se suma a las medidas adoptadas en 2022 en el contexto de la guerra de Ucrania, cuando el Gobierno ya prohibió el despido objetivo en empresas que recibieran ayudas públicas o alegaran causas relacionadas con los precios de la energía.
El paquete de medidas aprobado este viernes incluye, principalmente, actuaciones de carácter fiscal y laboral, con el objetivo de mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo y fomentar la movilidad sostenible en las empresas y entidades públicas españolas.
