Dos personas de la provincia de Jaén han sido condenadas por un delito contra el patrimonio histórico tras ser sorprendidas realizando excavaciones ilegales en un yacimiento arqueológico catalogado en la provincia de Ciudad Real. Los hechos, que han derivado en una sentencia ejemplar, ponen de relieve la gravedad del expolio arqueológico y la respuesta judicial ante este tipo de delitos.
Según la información facilitada, los condenados se desplazaban desde Jaén hasta una zona aislada de Ciudad Real con el objetivo de localizar y extraer objetos de valor histórico. Para ello, utilizaban detectores de metales y azadas, removiendo tierra en un enclave protegido e incluido en la Carta Arqueológica de la región.
La intervención se produjo cuando una patrulla del Seprona de la Guardia Civil sorprendió a los dos individuos en el interior de parcelas agrícolas que forman parte del entorno protegido del yacimiento. Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron ocultar las piezas arqueológicas que ya habían extraído ilegalmente, escondiéndolas bajo el vehículo con el que se habían desplazado hasta la zona. La rápida actuación de los agentes permitió recuperar los objetos y proceder a la identificación de los responsables.
Como consecuencia de estos hechos, la justicia ha impuesto a cada uno de los implicados una pena de ocho meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Además, deberán abonar una indemnización de 26.800 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el perjuicio causado, a la que se sumarán los intereses legales correspondientes y las costas procesales derivadas del proceso judicial.
La sentencia subraya que la gravedad del expolio no reside únicamente en la sustracción de piezas o la remoción de tierras, sino que el daño principal es irreparable y de carácter científico, ya que la extracción descontrolada destruye el contexto estratigráfico y se pierde información esencial sobre el origen y la relación de los objetos hallados.
Así lo han expresado desde la administración y los peritos arqueológicos: «Extraer un objeto arqueológico sin metodología científica es como arrancar las hojas de un libro, se pierde para siempre la información sobre su origen, su posición y su relación con otros elementos, descontextualizando los objetos sustraídos e impidiendo que la sociedad pueda conocer su verdadera historia».
La resolución judicial refuerza la vigilancia y el compromiso de las instituciones en la lucha contra el uso ilícito de detectores de metales y el expolio, protegiendo un legado que pertenece a toda la ciudadanía y que constituye el pilar fundamental de la identidad de Castilla-La Mancha, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
