El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha alertado de una reducción media de “en torno a 100 hectómetros cúbicos” en el volumen trasvasable del Tajo-Segura y ha señalado posibles “anomalías” en los caudales de cabecera en los últimos años.
Cabezas ha realizado estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional, donde ha repasado la evolución normativa desde el Memorándum de 2012-2013 y su desarrollo posterior.
A su juicio, la revisión de la regla de explotación resulta ineludible por la “incompatibilidad” entre la normativa vigente y lo establecido en el Plan del Tajo, al tratarse de disposiciones del mismo rango.
El compareciente ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica encargó al Centro de Estudios Hidrográficos una propuesta de revisión que no se ha hecho pública, aunque sí se habría difundido una síntesis. En paralelo, el Instituto Euromediterráneo del Agua ha elaborado para la Comunidad Autónoma un análisis técnico con conclusiones “sustancialmente” similares.
Peso del caudal mínimo y decisiones en nivel 3
Cabezas ha defendido que el volumen medio trasvasable ha estado condicionado principalmente por el caudal mínimo fijado en Aranjuez, mientras que la regla de explotación solo habría influido en la “modulación” de los envíos —más rápidos o más lentos—, pero no en la cantidad total.
Asimismo, ha señalado que entre 2019 y 2023 se produjeron diferencias entre lo que la norma permitía trasvasar en nivel 3 y lo finalmente autorizado, con envíos inferiores a los posibles “sin suficiente base técnica”, según su exposición.
También ha apuntado a “irregularidades” en los desembalses de cabecera desde 2023, al desaparecer la habitual “punta de invierno” y detectarse patrones que, en su opinión, no se explican con la información disponible. A ello ha sumado discrepancias entre el volumen desembalsado y el que finalmente ha circulado por Aranjuez.
En cuanto al impacto del Plan del Tajo, ha considerado que ha supuesto una decisión “lesiva” para el trasvase, cuantificando la merma media en unos 100 hm³ menos trasvasables directamente. Además, ha puesto en duda que las medidas de compensación previstas puedan estar operativas en el horizonte de 2027.
Posiciones de los grupos
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Fernando Moreno ha defendido la necesidad de reglas claras y previsibilidad, pero también de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental, recordando los “trasvases cero” registrados en 2016-2017 y cuestionando la resiliencia del Memorándum ante la sequía y el cambio climático.
Desde Vox, Antonio Martínez ha valorado la aportación de datos técnicos y ha apuntado a lo que considera un aumento “artificial” de las necesidades del Tajo, poniendo el foco en la reducción de envíos entre 2019 y 2023 y en las anomalías recientes en los caudales.
Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha señalado que la comparecencia ha ofrecido una perspectiva técnica distinta a otras intervenciones y ha contribuido a centrar el debate.
El diputado del PP, Jesús Cano, ha defendido el trasvase como una infraestructura “de Estado” para corregir desequilibrios territoriales y ha preguntado si atraviesa “el peor momento político de su historia”. También ha cuestionado la sustitución por desalación, al considerar que implicaría agua más cara y mayor dependencia energética.
