El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo ha anulado a instancias de CCOO la modificación de Una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha en septiembre de 2019.
En concreto, la sentencia anula ocho puestos de libre designación creados en aquel momento en las consejerías de Desarrollo Sostenible (cinco), Fomento (dos) y Agricultura (uno); y restablece las 32 plazas de concurso suprimidas entonces, la mayoría de ellos de administrativos, auxiliares administrativos y técnicos, correspondientes a seis consejerías, al Sescam y a la Agencia del Agua, ha informado el sindicato en nota de prensa
El magistrado estima en su integridad su demanda planteada por CCOO e incluso condena en costas a la Administración, que realizó las modificaciones de la RPT ahora anuladas con la oposición de todas las organizaciones sindicales representativas del Personal Funcionario de la Junta.
La sentencia se fundamenta en la vulneración del derecho a la negociación colectiva en que incurrió la consejería de Administraciones Públicas al faltar a su deber de buena fe negocial, «obligación que exige la ley» y que «no puede considerarse inocua, sino relevante en este caso».
Así, se constatan como hechos probados que, para proceder a modificar la RPT a fin de adaptarla a la nueva estructura de las consejerías, Administraciones Públicas convocó para el lunes 17 de septiembre una reunión de la mesa sectorial del personal funcionario.
La Consejería remitió a los sindicatos más de mil folios de documentación sin darles tiempo para analizarla, puesto que terminó de enviársela al mediodía del viernes previo; «incluyendo información errónea, duplicada y confusa que fue imposible cotejar con nadie durante el fin de semana y sin aportar, sin embargo, la memoria económica relativa a los costes que conllevaban las creaciones y supresiones de plazas en la nueva RPT»!.
CCOO apunta que todos los sindicatos reclamaron que se pospusiera la Mesa, para poder aclarar y estudiar la documentación referente a cada plaza y para que el Gobierno añadiera la información requerida sobre las repercusiones económicas de los cambios que pretendía realizar en la RPT; pero añade que Administraciones Públicas rechazó la petición y dio por terminada la negociación el martes 18 sin alterar en nada su planteamiento.
«No podemos asumir la buena fe de la Administración, ni el efectivo cumplimiento de sus obligaciones negociales. Se puede ver que el expediente es complejo, que tiene una amplísima relación de puestos que debe ser analizados, datos económicos que deben ser comprobados, una pluralidad de informes sobre puestos de diferentes regímenes administrativos y un volumen que supera los mil folios. A ello se añade que hay confusiones, duplicidades u oscuridades en los datos que deben ser puntualizados y que no se ha permitido conocer», subraya la sentencia.
«En definitiva no se ha cumplido con el requisito de buena fe negocial al haber deficiencias en la documentación trasladada que desequilibran la posición de una de las partes (*) No se ha actuado con la flexibilidad ni la diligencia necesarias para garantizar el procedimiento de negociación colectiva, provocando indefensión y la ineficacia de la negociación llevada a cabo», subraya.
Por ello, «procede estimar el recurso y en consecuencia anular las resoluciones» por las que se crearon las ocho plazas de libre designación y se suprimieron las 32 de concurso general.
CCOO valora esta sentencia, frente a la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y añade que no es la primera que recibe en su contra el Gobierno regional por vulnerar la Constitución española y en concreto el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
«Por ello le exigimos que decline recurrir esta sentencia, que la cumpla sin más y que, de inmediato, abra una verdadera negociación para debatir y acordar una nueva RPT para sustituir a la actual, maltrecha, maltratada y amenazada con las desdotaciones, con los parches, con el sobredimensionamiento de la dirección y la falta de medios y efectivos en la base», señala el coordinador regional del Sector Autonómico de CCOO-FSC, Ramón González.
El sindicato recuerda también al Gobierno regional que aún hay pendiente otras sentencias, entre ellas la referida a la RPT de asesores, aprobada, al igual que la de Funcionarios, «de forma unilateral» por la Consejería de Administraciones Públicas, «en la misma reunión, con las mismas deficiencias y con el mismo método; y con la misma carencia de justificación y la misma ausencia de buena fe negocial».
«No puede este Gobierno seguir fiando su suerte a que en algún momento los jueces les den la razón. Ya es hora de que se ahorre censuras judiciales y sentencias condenatorias y opte, como debe, por el diálogo y la negociación», concluye.
