La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde el próximo día 30 de noviembre con jurado popular al acusado de atropellar a un repartidor de pizzas en Tomelloso y huir del lugar. Se da la circunstancia que el arrollado se ha quedado parapléjico como consecuencia del suceso.
Unos hechos que son para la Fiscalía constitutivos de un delito de conducción temeraria con lesiones imprudentes y otro de omisión del deber de socorro por los que solicita penas que suman cinco años y medio de prisión.
Por ello y, al observar que en el cruce de tal vía con la calle General Espartero se encontraba un vehículo realizando debidamente la señal de ceda el paso, el acusado, con «una absoluta infracción de las normas más básicas de cuidado que debe cumplir cualquier conductor», no respetó su turno de espera, sino que le adelantó por la izquierda, subiéndose a la acera para evitar colisionar con él.
De esta forma entró en el cruce con excesiva velocidad, arrollando a J.M.P.A., que en ese momento circulaba de manera correcta por la calle General Espartero en un ciclomotor en el que desempeñaba su trabajo de repartidor de pizzas.
El escrito detalla que debido al fuerte impacto, J.M.P.A., tras pasar varios segundos sobre el capó del vehículo que conducía el acusado, salió despedido más de 30 metros, colisionando con otro coche que estaba estacionado.
OMISIÓN DE SOCORRO
Acto seguido, tanto el acusado como los cuatro acompañantes bajaron del vehículo para apartar el ciclomotor que les entorpecía el paso y, a continuación, empujaron entre todos el coche para conseguir que arrancase, huyendo del lugar montados en el vehículo que iba conducido por el acusado y sin prestar la más mínima asistencia a J.M.P.A., ni cerciorándose del estado en que se encontraba la víctima, quien estaba gravemente herida e inconsciente en el suelo.
Como consecuencia de los hechos narrados, el escrito precisa las múltiples lesiones padecidas por el motorista que ha le han provocado una paraplejia y ha sufrido una pérdida de calidad de vida grave, necesitando ayuda para el baño y uso del aseo, para vestirse, para trasladarse y para deambular, siendo preciso para ello el uso de silla de ruedas o bitutores. Igualmente sufre incontinencia ocasional. Todo ello supone una afectación de aproximadamente el 55% de sus actividades cotidianas.
Debido a su nueva situación física, el escrito explica que la víctima tiene que adecuar su vivienda y su vehículo así como que precisa de 4 horas y 30 minutos diarios de ayuda de tercera persona.
Además le ha declarado una gran invalidez, correspondiéndole por tanto la situación de incapacidad laboral absoluta. Con motivo de los hechos, se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado el 1 de marzo de 2019. Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una indemnización que asciende a 378.114,07 euros.
