El Grupo Parlamentario Podemos va a llevar al pleno de las Cortes del día 21 de marzo la toma en consideración de su Proposición de Ley de Tierras Raras, como primer paso para su tramitación ordinaria, «aunque sólo sea para que PSOE y PP den en el Parlamento regional las correspondientes explicaciones a la ciudadanía de por qué han hecho pinza en defensa de los intereses del lobby minero y en contra del interés general».
Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, después de que este lunes la Mesa de las Cortes no calificara la petición de su grupo de tramitar por lectura única dicha proposición de ley, al considerar que dicha modificación es «muy compleja» y, por tanto, no se ajusta al artículo 168 del reglamento del Parlamento regional.
Llorente, que se ha mostrado consciente de que ni se va a completar su tramitación ni se va a votar esta norma a pesar de que llegue al pleno del día 21, ha ironizado afirmando que «incluso es posible que PP y PSOE voten a favor de toma en consideración» pese a que «han puesto todos lo medios necesarios para impedir que se vote la aprobación de la ley».
Dicho esto, y tras precisar que su Proposición de Ley no va al pleno de esta semana porque no ha dado tiempo ni siquiera por el trámite de urgencia, ha explicado que el hecho de que sea tomada en consideración no compromete a nada a la Administración regional «porque al final de la legislatura decaerá automáticamente».
Luego de lamentar que haya habido proposiciones de leyes socialistas que en menos de un mes han sido aprobadas, como la que modificaba la Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, Llorente ha mandado un mensaje «claro tanto al lobby minero como a sus aliados políticos de PSOE y PP», a los que ha avisado de que, con independencia de la configuración política que surja a partir de mayo en las Cortes regionales, seguirán «luchando contra la minería especulativa y defendiendo que esta actividad se regule para garantizar la salud pública, el medio ambiente y las actividades productivas del medio rural».
