Castilla-La Mancha da un nuevo paso para intentar hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda. Las Cortes regionales han dado luz verde, con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Vox, a la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística.
La iniciativa introduce cambios en la normativa urbanística con un objetivo principal: facilitar la construcción de nuevas viviendas, especialmente protegidas, y reducir los trámites administrativos que pueden retrasar los proyectos durante meses o incluso años.
Entre las principales novedades destacan la posibilidad de construir más viviendas en determinados terrenos, ofrecer suelo público a precios reducidos y aprovechar inmuebles de las administraciones que actualmente se encuentran sin uso.
Hasta un 20 % más de viviendas en determinados terrenos
Una de las medidas más destacadas permitirá incrementar hasta un 20 % el número máximo de viviendas autorizadas en determinados suelos.
De esta manera, en terrenos donde actualmente existe un límite de edificaciones residenciales, la nueva normativa contempla ampliar esa capacidad para favorecer la oferta de vivienda.
Además, se facilitará la utilización de suelo terciario y dotacional privado para construir viviendas de protección pública sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico.
Según ha defendido el diputado socialista Álvaro Toconar, esta medida permitirá evitar procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante meses o años.
Suelo público hasta un 50 % más barato para vivienda protegida
Otra de las novedades afecta a los terrenos de titularidad pública.
La normativa permitirá que los ayuntamientos liciten suelo público hasta un 50 % por debajo del precio de mercado, siempre que se destine a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección.
También se contempla que el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda promover viviendas públicas en edificios en desuso pertenecientes a la Junta o a otras administraciones.
La ley incorpora igualmente planes de regeneración urbana para impulsar la rehabilitación de barrios y viviendas que necesitan mejoras.
Menos trámites y nuevas posibilidades en los pueblos
La simplificación administrativa es otro de los ejes de la iniciativa.
Según sus impulsores, los nuevos procedimientos permitirán reducir determinados plazos urbanísticos hasta un 50 %, con la intención de acelerar la puesta en marcha de proyectos residenciales.
La normativa también introduce la posibilidad de aprobar planes especiales para transformar suelo rústico en urbanizable.
En el ámbito rural, se facilitará la implantación de proyectos de desarrollo socioeconómico y se contemplan actuaciones que podrán utilizar hasta el 50 % del suelo rústico en los supuestos previstos por la ley.
El PSOE defiende que estas medidas pueden contribuir a aumentar la oferta de vivienda en los municipios más pequeños de Castilla-La Mancha, donde la falta de inmuebles disponibles también dificulta el asentamiento de población.
PP y Vox rechazan la ley y cuestionan sus efectos
Pese a su aprobación, la iniciativa no ha conseguido el respaldo de los grupos de la oposición.
Desde Vox, el diputado Francisco Cobo ha calificado la norma como un nuevo parche legislativo y ha cuestionado que realmente vaya a reducir la burocracia.
A su juicio, la acumulación de modificaciones normativas puede generar problemas de interpretación e inseguridad jurídica.
Por su parte, el diputado del Partido Popular Nacho Redondo ha asegurado que su formación no se opone a aumentar la construcción de viviendas, pero considera necesario estudiar mejor el impacto de las nuevas medidas.
Entre sus principales preocupaciones ha señalado las necesidades de movilidad, las infraestructuras y el papel de los ayuntamientos ante posibles cambios en el planeamiento urbanístico.
Redondo también ha criticado que la iniciativa llegue tarde, teniendo en cuenta las dificultades que llevan años afrontando jóvenes y familias para acceder a una vivienda.
La Junta defiende la necesidad de aumentar la oferta de vivienda
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido la norma como una herramienta para facilitar la construcción de viviendas más asequibles y aprovechar mejor el suelo disponible.
Durante el debate parlamentario, Hernando ha lamentado la falta de acuerdo entre los grupos políticos y ha pedido que las medidas relacionadas con la vivienda puedan contar con un respaldo más amplio.
El consejero ha insistido en que el objetivo es ofrecer soluciones a quienes destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler o encuentran dificultades para comprar una casa.
