El Gobierno de Castilla-La Mancha ingresó ayer mismo en las cuentas de los agricultores cerca de 4,5 millones de euros, una nueva inyección económica correspondiente a los anticipos de la campaña por reestructuración y reconversión del viñedo en esta campaña, cuantía que corresponde a la primera convocatoria del nuevo Programa de Ayudas al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-2023 y que permite que en la región existan producciones cada vez de mayor calidad.
En concreto, según ha expresado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, son anticipos que corresponden a los expedientes de la convocatoria de febrero de 2018 que la Comisión Europea permitió pagar en la campaña recién finalizada el pasado 15 de octubre, que ha ascendido a cerca de 16 millones de euros de los cuales se han beneficiado 1.302 viticultores para más de 3.600 hectáreas.
En este caso concreto del último abono, se invertirán en la restructuración de más de 1.000 hectáreas, apostándose por las nuevas variedades que tienen mejor precio en el mercado, a lo que se le une el cambio de conducción, pasando de vaso a espaldera, para un incremento en la rentabilidad de la explotación.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se ha realizado un “gran esfuerzo” tramitando dos convocatorias de reestructuración en un solo año con el fin de consumir la mayor cantidad de fondos comunitarios en beneficio del sector vitivinícola castellano-manchego.
Una convocatoria adaptada a la realidad del territorio
Entre las novedades de la convocatoria de reestructuración de viñedo, se encuentran la posibilidad de reestructurar parcelas que hayan obtenido previamente una ayuda por este mismo asunto hace más de 10 años, algo que anteriormente no se permitía; el incremento de la superficie máxima de 15 a 25 hectáreas, y la excepción de la obligatoriedad de que la parcela reestructurada supere las 0,5 hectáreas, lo que permite, tal y como ha informado Martínez Arroyo, “adaptarnos a la realidad del territorio, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara donde las viñas son más pequeñas” y que así sí puedan acceder a estas ayudas públicas, algo muy demandado por los propios viticultores de esta provincia.
