Castilla-La Mancha pierde 26.283 hectáreas de agricultura ecológica entre el año 2015 y 2020, correspondientes al cultivo de cereales, legumbres y proteaginosas, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura respecto al año 2020. En concreto, en el año 2020 en Castilla-La Mancha se cultivan 15.383 hectáreas menos de cereal, lo que representa una reducción del 18% de la superficie ecológica respecto al año 2015. Respecto al cultivo de las legumbres y proteaginosas se ha reducido en 10.900 hectáreas en el año 2020 respecto al 2015, lo que representa una disminución del 40% de la superficie ecológica.

Para buscar el origen de esta reducción de las hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, hay que remontarse al año 2016, en el que el trío García-Page, Martínez Guijarro y Martínez Arroyo, deciden reducir hasta en un 67% la cuantía de las ayudas a la agricultura ecológica respecto a lo que establecía la convocatoria aprobada. El Gobierno de García-Page decidió romper las reglas a mitad de partido y reducir la cuantía de la ayuda a la agricultura ecológica un año después de aprobarse quebrantando el principio constitucional de seguridad jurídica e irretroactividad.

La ayuda destinada a la agricultura ecológica se financia con los fondos que la Unión Europea destina al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-la Mancha. García-Page, Martínez Guijarro y Martínez Arroyo deciden en el 2016 recortar la ayuda, excusándose en la falta de dinero, para así poder destinar más dinero a financiar a la empresa GEACAM, como se ha podido comprobar estos años.

En el año 2016 García-Page firmó el Pacto de Tomelloso para revertir los recortes con las organizaciones agrarias. Estamos en el año 2022, el pacto no se ha cumplido y las organizaciones firmantes ASAJA, COAG y UPA, que reciben más de 700.000 euros anuales del Gobierno de Page, miran para otro lado y hacen la vista gorda al incumplimiento.

Una vez transcurrido el tiempo, se ha comprobado que, en el año 2020, en el que finalizaba el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha, se han quedado sin gastar y ejecutar un total de 580 millones de euros, un 40% del importe disponible. ¿Cómo puede un Gobierno quitar un 67% de las ayudas a los agricultores ecológicos excusándose en la falta de dinero y que luego quede dinero del PDR sin gastar? Todo ese importe que no reciben los agricultores ecológicos de Castilla-La Mancha, es dinero que no recibe la economía de Castilla-La Mancha, dado que el agricultor destina el dinero para la compra de materias primas e inversiones generando actividad económica y trabajo en la región.

Se ha podido comprobar cómo en el período 2015-2020 el Gobierno de García-Page regaba a la empresa GEACAM con la friolera de 416 millones de euros (600 millones hasta el 2022), provenientes en su mayor parte de fondos europeos. La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha ha pedido la integración de GEACAM en la Junta de Castilla-La Mancha: el servicio de prevención y extinción de incendios es un servicio público que debe ser financiado con el presupuesto propio de la Junta, no con el dinero europeo destinado para la agricultura, ganadería y desarrollo rural.

También se solicita a García-Page que el dinero procedente del PDR que se da para selvicultura de forma directa a la empresa GEACAM se asigne mediante concurso público dirigido a cualquier agricultor o empresa que quiera participar en el mismo. La Plataforma se pregunta si es que los ciudadanos no tienen derecho a optar a ese dinero para poder trabajar también en el mantenimiento y limpieza de bosques.

Por último, pedimos a García-Page que reflexione y piense si con recortes a la agricultura quiere cumplir el objetivo de que el 25% de la superficie de Castilla-La Mancha sea ecológica. 




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