La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que son los presidentes autonómicos y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los encargados de rendir cuentas del estado de alarma en su respectivos Parlamentos, ya que son las autoridades competentes delegadas para aplicar las restricciones en la lucha contra la pandemia.
«Entendemos que quienes firman las restricciones amparados en el estado de alarma deberían de dar explicaciones de por qué adoptan estas medidas y no otras, y someterse al debate parlamentario al que este gobierno se sometió cuando sí dictaba restricciones al movimiento que aparecían en previos estados de alarma. Los presidentes autonómicos tendrán que comparecer», ha ahondado.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por el hecho de que vaya a ser el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no Sánchez, quien defienda el próximo jueves a las 9.00 horas en el Congreso la prórroga de seis meses del estado de alarma que ha solicitado el Gobierno, en la que se deja a las comunidades la capacidad de decidir sobre las medida a adoptar, incluido el toque de queda.
Además, Montero ha argumentado que, en este caso, Sánchez tiene el jueves previsto participar en una reunión de líderes europeos que se celebrará por videoconferencia a partir de las 18.30 horas, para hacer balance de la pandemia y, en concreto, tratar la situación del turismo.
Sobre las críticas planteadas ya por la oposición por esta ausencia, y también por el hecho de que el Gobierno ya no se vaya a ver obligado a comparecer para solicitar apoyo cada quince días, Montero ha defendido que Sánchez seguirá sometiéndose cada semana a las sesiones de control parlamentario, y también acudirá a la Cámara cuando se le requiera.
ASEGURA QUE YA TIENEN LOS APOYOS
Y a pesar de las críticas, Montero ha afirmado que creen que ya cuentan con los apoyos suficientes para sacar la prórroga adelante este jueves, aunque no ha precisado cuáles son. «Si traemos el decreto de alarma es porque creemos que tiene los apoyos necesarios para que pueda ver la luz», ha asegurado.
Montero ha añadido que el Ejecutivo «siempre es prudente», porque a veces han tenido «comprometidos» apoyos luego han variado y que, por ello, siempre hay que tener «la duda», pero a continuación ha reafirmado que «a priori, el decreto cuenta «con apoyo amplio para ser tramitado y que por tanto pueda tener el visto bueno del Congreso».
En su comparecencia, ha insistido en que dado que el estado de alarma que se ha aprobado ahora pretende dar cobertura legal a las comunidades autónomas para que puedan aplicar restricciones de movilidad que afecten a derechos fundamentales, deberán ser los presidentes autonómicos los que vayan rindiendo cuentas en sus respectivos parlamentos de las medidas que vayan adoptando.
Así, ha incidido en que el real decreto de prórroga de seis meses que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros no conlleva ninguna restricción, sino que habilita a los líderes autonómicos a adoptar las que consideren, por lo que serán sus decisiones las que, según Montero, pueden ser «objeto de debate y discusión», y no lo que ha hecho el Gobierno.
«El estado de alarma que proponemos por sí solo no contempla ningún tipo de restricción. El único argumento que el Gobierno tiene para impulsarlo es la petición abrumadora de los presidentes autonómicos que le han pedido activar este mecanismo para dictar ellos las restricciones que se corresponden a la situación pandémica», ha explicado.
En este sentido, ha defendido que lo que hace el Gobierno es dar respuesta a esa petición y ponerse a disposición de las comunidades, en las que confía «plenamente» para hacer frente a la pandemia con el estado de alarma como instrumento para poder restringir sin impedimento derechos fundamentales con las restricciones de movilidad.
«El paso de gigante que se da con el estado de alarma es que se pone a disposición de los presidentes de las comunidades para que ellos apliquen en sus territorios las medidas de contundencia para contener el virus», ha recalcado.
Asimismo, Montero ha vuelvo a defender la duración de los seis meses que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros porque, según ha explicado, es el periodo que recomiendan los expertos para superar la pandemia.
RECHAZA LAS PROPUESTAS DEL PP
A pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición para que se acorte el periodo de vigencia del estado de alarma, el Gobierno se ha mantenido firme en su propuesta inicial de extenderlo hasta mayo. Por ejemplo, el partido de Pablo Casado pedía que se limitara a dos meses, pero el Ejecutivo rechazó sus «condiciones».
Entre esas condiciones que el Gobierno rechaza, además de la de acortar la vigencia a dos meses, también estaba a la de reformar la ley de salud del 86. «El decreto no es sustituible por ninguna otra modificación del ordenamiento jurídico para hacer una limitación de derechos y libertades de los ciudadanos», ha afirmado Montero.
De hecho, ha añadido que la prueba de que tienen claro que «la única garantía constitucional para la restricción de estos derechos es este estado de alarma» es que lo han pedido para seis meses».
EL TOQUE DE QUEDA, EN MANOS DE LAS COMUNIDADES
Por otro lado, la portavoz ha confirmado que en el nuevo decreto de prórroga, la limitación a la movilidad nocturna deja de ser obligatoria en todo el territorio y que las comunidades autónomas podrán decidir a partir del 9 de noviembre –cuando finalizan los primeros 15 días de vigencia– si mantienen o desactivan el conocido como toque de queda, tal y como explicaron fuentes gubernamentales el domingo.
«El hecho diferencial es que se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas», ha explicado Montero, en referencia a esta medida, que el decreto aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinarios hacía obligatoria para todo el país menos para Canarias.
