Creo que a estas alturas todas tenemos claro que para superar la crisis de esta pandemia necesitamos conciencia y responsabilidad social. También un Estado con servicios públicos sólidos con el compromiso y la audacia de un gobierno que ponga de forma urgente todos los recursos para impedir el avance del virus y protegernos social y económicamente. Las medidas aprobadas este martes por el gobierno de Unidas Podemos y PSOE empiezan a sumar en la dirección de que los efectos de esta crisis no recaigan sobre la gente común y la clase trabajadora. Evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis económica y social profunda y proteger socialmente los derechos humanos deben ser las prioridades junto a la contención del virus. Invertir, en definitiva, el modelo de gestión pública de la crisis de 2008. En lugar de recortes y privatizaciones, protección social, impulso económico público y refuerzo de los servicios públicos.
Primeras medidas emprendidas por el gobierno de Unidas Podemos y el PSOE
Con la aprobación el sábado del Estado de Alarma el gobierno abrió la puerta a intervenir hospitales privados –impidiendo que sea utilizado por estos como oportunidad de negocio- y farmacéuticas para asegurar el derecho a la salud de todas las personas. Esta cuestión es fundamental dada la irresponsabilidad que estos demostraron para con el problema durante los primeros días de expansión.
Junto a las medidas para frenar el contagio del coronavirus y proteger sanitariamente a las personas enfermadas, se han aprobado este martes complementarias ayudas sociales y económicas en el marco de un “plan de choque”, en palabras del Vicepresidente Pablo Iglesias. Este plan movilizará 200.000 millones de euros para levantar un “escudo social” frente a la crisis. Entre sus medidas están la moratoria en las hipotecas y la prohibición de cortes de suministros básicos a hogares vulnerables; garantizar la prestación por desempleo a las y los trabajadores involucrados en ERTEs sin que consuman su derecho a paro; el derecho al cuidado familiar de los trabajadores y trabajadoras adaptando o reduciendo su jornada; 600 millones de euros para reforzar los Servicios Sociales para mayores, dependientes y hogares en pobreza; y la prestación por cese de actividad para autónomos y autónomas que hayan visto reducidos sus ingresos.
Entre las claves del gobierno de coalición en su gestión está, en primer lugar, frenar la expansión de la pandemia con todos los medios al alcance, minimizando la alteración de garantías democráticas y derechos. En segundo lugar, curar a la población enferma que necesita atención, reforzando el sistema sanitario. En este sentido es clave que el cambio político de los últimos años haya iniciado la reversión de los recortes sanitarios del PP. En tercer lugar, con impulso económico público y protección social para que esta crisis no recaiga sobre las mayorías ni sobre quienes menos tienen, como sucedió en la crisis de 2008. El ahínco en esta tercera vía de acción de las ministras de Unidas Podemos ha tenido su correlato ciudadano en la movilización de la campaña #PlanDeChoqueSocial.
Puede surgir el temor sobre los impactos al déficit de esta vía de intervención pública económica y de protección social, pero este martes la Editorial del Financial Times, ha eliminado dudas sobre esta cuestión: «El dinero no debe ser un obstáculo para la capacidad de los servicios de salud [..] Preocuparse por las finanzas públicas en este momento es perverso y contraproducente: gastar muy poco es una amenaza mayor para la prosperidad que gastar demasiado».
Tal y como ha exigido la europarlamentaria de Unidas Podemos Idoia Villanueva las instituciones europeas deben ponerse en el lado correcto de la historia. Es decir, en sentido contrario a su posición en 2008, y servir para coordinar, apoyar y reforzar las medidas de gobiernos como el español, el francés, el alemán o el italiano. El caso alemán, con los mismos actores que en 2008, y el francés con un gobierno liberal, ejecutando un plan de intervención público y rescate ciudadano demuestran que la política de recortes para la gestión de la crisis es aceptada ya como un fracaso incluso por los sectores de la derecha.
El coronavirus no distingue, pero las causas de la crisis son neoliberales, y afecta distintamente a las clases sociales y a los géneros.
Entre las principales causas de la expansión del coronavirus, no sólo de la incapacidad para hacerle frente, están las políticas neoliberales desde los años 80. La globalización con la desregulación de movimientos de capitales y el mundo de trabajo, junto con el debilitamiento de los servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar han sido determinantes en que hayamos sufrido hasta 4 grandes epidemias en los últimos 30 años.
Como todas las crisis, ésta afecta de forma desigual a la clase trabajadora y a los sectores populares, especialmente a las mujeres, frente a las élites económicas que utilizan sus propios privilegios como escudo. Además, las oligarquías históricamente han aprovechado las crisis, muchas de ellas consecuencia directa del propio capitalismo, para incrementar su acumulación de capital frente a las clases populares.
Cuidar y proteger a los grupos más vulnerables y a las mayorías sociales desde el Estado no es una labor de solidaridad, es una labor de justicia y reciprocidad. Quienes están salvando a nuestro país de los efectos más duros de esta pandemia, quienes nos están cuidando de este virus son las empleadas y empleados públicos, el trabajo autónomo y personas que trabajan en los servicios básicos como tiendas de alimentación, farmacias o transportes…, así como las personas que en cada hogar y en cada barrio están cuidando a las personas más vulnerables. Esas personas son mayoritariamente mujeres, muchas de ellas expuestas a la violencia machista. Así que es necesario que el Estado les proteja socialmente con un enfoque de género. Justo lo contrario es lo que hizo Page el viernes pasado, acusando a las trabajadoras y trabajadores públicos de querer vacaciones en pleno estallido de la crisis sanitaria. Respecto a las víctimas de violencia de género, el Ministerio de Igualdad está preparando un Plan de Contigencia ante la crisis del COVID2019.
No caer otra vez en la misma piedra neoliberal. Un modelo de izquierdas para la gestión de la crisis.
No podemos permitirnos que esta crisis se resuelva como la de 2008, con una política de recortes que desproteja a la gente en el momento que más precisa de la protección del Estado. Otros estarían aprovechando esta crisis para fortalecer los bancos y los privilegios de la oligarquía vía estrategias de acumulación de capital y debilitación del Estado.
Sin embargo, este es el momento de ir un paso más allá desde Unidas Podemos y la sociedad progresista. Además de tratar de que en esta crisis se proteja a las mayorías y a las personas más vulnerables aprovechando la coyuntura para dar un salto adelante de izquierdas: Ampliar y mejorar estructuralmente nuestro sistema sanitario –incluida la apuesta por una industria farmaceútica pública– y de todos los servicios públicos fundamentales, protegiéndolos de la codicia capitalista por privatizarlos, como palanca de igualdad; recuperar ideas del 15M como la renta básica y un sistema de cuidados público-comunitario con enfoque feminista o un Estado democrático participativo, que se demuestran fundamentales en momentos como este. En definitiva, asumir la crisis como oportunidad para salir de ella con un mejor Estado y un mejor país.
La verdadera batalla para superar esta crisis es muy profunda: egoísmo Vs solidaridad; privado Vs público y comunitario, y políticas progresistas Vs neoliberalismo o fascismo. El gobierno de coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha tenido clara la necesaria acción de lo público para proteger la salud de todas. El debate ha estado en el alcance de las medidas sociales para proteger a las más vulnerables: colectivos en riesgo, clase trabajadora, PYMES y autónomas. Sin embargo, el PP y fundamentalmente Pablo Casado no han estado ni mucho menos a la altura del sentido de Estado y responsabilidad que se requiere en estos momentos. En vez de ofrecer su colaboración para mejorar la situación, ha atacado las decisiones públicas por rédito político. Ciudadanos continúa desaparecido, lo que dice mucho también. Si lo del PP ha sido no estar a la altura del momento histórico, lo de VOX ha sido un retrato del fascismo que le define como partido. Además de competir con Casado a ver quién hace el discurso y la propuesta más dura en un momento de responsabilidad de Estado, copiar la vía radical neoliberal de Johnson y Trump de dejar que todo el mundo enferme y mueran los de siempre, ha continuado sembrando odio con comentarios xenófobos.
Considero que en este momento se están desplegando básicamente tres modelos de gestión frente a esta crisis: El neoliberal de Boris Johnson y Trump que rescata a las empresas, pero trata de no intervenir más allá permitiendo que se infecte toda la población y mueran los de siempre. El modelo público autoritario chino que ha demostrado su efectividad, aunque se aleja de una gestión democrática. Y el modelo que está poniendo en marcha el gobierno de coalición progresista -y con algunas diferencias los países de Europa continental y Corea del Sur-: público, social y desde un enfoque lo más democrático posible y de corresponsabilidad popular.
Reforzar la democracia logrando el objetivo: Empoderamiento de la ciudadanía, feminismo y sistema de cuidados.
Esta gestión pública de la crisis para ser efectiva necesita un correlato popular (y viceversa). El empoderamiento desde abajo es fundamental. Necesitamos unir políticas públicas y sociedad en la misma dirección para frenar la epidemia, siguiendo las indicaciones sanitarias (#YoMeQuedoEnCasa), ser responsables con el sistema sanitario para no saturarlo y reforzar nuestra democracia y las cadenas de apoyo mutuo.
Este martes el director general de la OMS ha calificado como «muy valiente» la declaración del estado de alarma en España, pero ha recordado que sin la colaboración ciudadana, no servirá de nada. Y justo este martes también decenas de organizaciones sociales lanzaron la campaña #PlanDeChoqueSocial, con la que exigían que el gobierno tomara medidas como algunas de las anunciadas este martes de protección económica y social; sanidad, vivienda, suministros básicos –agua y electricidad-, derechos laborales y renta básica. Además, hay iniciativas tan valiosas como los aplausos en los balcones de las 20:00 para poner en valor el trabajo de las personas sanitarias, una iniciativa simbólica que va justo en el sentido de cuidar a las que cuidan, justo lo contrario de las primeras declaraciones de Page del viernes pasado. También han surgido plataformas de iniciativas sociales para la gestión de la crisis como frenalacurva.net.
Es importante recordar que la crisis del coronavirus es una manifestación de la crisis estructural de los cuidados tal y como ha señalado el movimiento feminista, convocando a una acción conjunta Estado-movimientos sociales, para trabajar hacia la construcción de un sistema de cuidados impulsado desde quienes acutalmente soportan la mayoría de los mismo, en los servicios públicos, en los barrios y en las familias: las mujeres. “Frente al falso modelo neoliberal de autosuficiencia individual, poner la vida en el centro de manera colectiva”.
El éxito de la experiencia coreana –es posible que para un despliegue completo de ese modelo en España debíamos haber intervenido aún antes- y las orientaciones de asociaciones de defensa de la salud pública indican que es fundamental que las decisiones de la gestión de los casos sobre el territorio recaiga en los equipos de los centros sanitarios. La transparencia, la información y la comunicación permiten la acción ciudadana básica para controlar los contagios. Reforzar el tejido social y comunitario nos ayuda a salir con más democracia de esta crisis, que requiere la acumulación de poderes del Estado para la acción pública rápida.
¿Y en Castilla-La Mancha, qué?
Las debilidades estructurales del sistema sanitario español afloran como limitaciones frente a esta amenaza, motivo inexcusable para fortalecer estratégicamente nuestro sistema de salud desde el día después de la pandemia. Además, los recortes y privatizaciones de los años anteriores lo han deteriorado, reduciendo nuestra capacidad de gestión sanitaria frente a la expansión del virus.
Es cierto que aquí no hemos tenido 25 años de políticas neoliberales como en la Comunidad de Madrid, pero los 4 años de Cospedal fueron un laboratorio de recortes y privatizaciones de la máxima intensidad temporal. Éstos afectaron a nuestro sistema de salud pública con la privatización de servicios, el cierre y reducción de camas, plantillas, derechos laborales y el recorte en infraestructuras. Y también a la privatización de otros servicios como las residencias de mayores, cuyos efectos estamos viendo dramáticamente en Tomelloso y Albacete.
Afortunadamente la Marea Blanca logró reducir el alcance de este proceso de desmontaje de nuestra salud pública. También ayudaron las movilizaciones en pueblos como Almansa, Tomelloso y Villarrobledo, haciendo frente a la privatización de los nuevos hospitales en defensa de la sanidad pública.
Posteriormente, la legislatura pasada se logró el cambio de gobierno. La tensión hacia la reversión de los recortes por Podemos primero desde las Cortes Regionales y después en el gobierno consiguió que el ejecutivo autonómico presidido por Page recuperara parte de lo perdido en la legislatura anterior. Sin embargo, los meses de mayoría absolutista de Page, sin la tensión hacia la izquierda de Podemos en las instituciones y su natural inclinación a pactar con el trifachito –vía Ciudadanos-, han supuesto una tendencia regresiva en este sentido.
Por eso es urgente que la agenda del gobierno castellanomanchego durante esta crisis pase en primer lugar por medir sus acciones sobre los y las empleadas públicas siempre poniéndolas en valor –lo contrario de lo hecho por Page el viernes pasado-. También debe pasar por garantizar de forma prioritaria para que tengan las mejores condiciones para desarrollar su labor haciéndose eco de sus demandas, pues la situación empieza a ser desesperada. Y En segundo lugar, facilitar el mando único del gobierno de coalición para desplegar autonómicamente las medidas progresistas para la gestión de la crisis, y apoyar sin dudas en la coordinación territorio a territorio a los equipos sanitarios de los centros de salud. Las residencias de propiedad o gestión privada deberían ser objeto de un plan específico de intervención pública para prevenir contagios masivos. Y, por último, aprovechar esta crisis para realizar los deberes atrasados: mejorar estructuralmente nuestro sistema sanitario castellanomanchego y revertir al 100% los recortes del PP para situarnos entre las CC.AA. con mejores servicios sanitarios.
La pandemia continúa sin hoja escrita. La responsabilidad y la gestión pública y popular deben continuar
Tenemos la suerte de que, a pesar de que esta pandemia amenaza con graves efectos en nuestras sociedades, nuestro país tiene al frente del Estado al mejor cómplice para proteger los Derechos Humanos en este momento histórico: un gobierno de coalición progresista. Desde Unidas Podemos dijimos en campaña que, si venía una crisis y gobernábamos, íbamos a hacer que el Estado protegiera la gente para que no volviera a golpear más a los y las de abajo. Las tensiones en el seno del gobierno, en el marco de un debate constructivo, por nuestra parte han tenido como motivación cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía. Por eso, muchas de las medidas tomadas hasta ahora van en esa dirección.
Estamos sólo ante el principio de esta crisis. Es necesario seguir evaluando permanentemente la situación, reajustando y poniendo en marcha más medidas progresistas. Como contraparte popular, a pesar de algunos comportamientos irresponsables que han obligado a restringir derechos civiles, la gente está demostrando conciencia, el liderazgo para aportar soluciones desde abajo y la capacidad de gestionar gran parte de los cuidados que permiten la reproducción social.
Para terminar, anoche en Castilla-La Mancha y en toda España tuvo lugar una cacerolada para que Juan Carlos de Borbón devuelva 100 millones de euros de supuestas comisiones ilegales, y lo done a la sanidad pública. La noticia ha saltado en medio de esta enorme crisis del coronavirus. Creo que no debemos desatender esta otra gran crisis de nuestro Estado. Las evidencias sobre el presunto escándalo de corrupción de Juan Carlos son de una enorme gravedad, llegan en el peor momento para nuestro país y su responsabilidad no cesa con las acciones emprendidas por Felipe VI. No está de más recordar que una de las luchas sociales históricas ha sido sustituir monarquías, sistemas hereditarios –aunque mantengan exclusivamente poder simbólico-, por sistemas republicanos más democráticos. Francia está actualmente en su V periodo republicano, conviene ir construyendo tranquilamente la imagen de un futuro próximo con nuestro III periodo republicano español.
