Hoy 6 de diciembre, conmemoramos el 42 aniversario del referéndum de nuestra Constitución de 1978, en el que millones de hombres y mujeres aprobaron nuestra norma fundamental democrática tras 40 años de dictadura.
La inmensa mayoría de quienes votaron aquel día tienen más de 65 años, así que pertenecen al grupo de edad que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Así que en este día no sólo celebro nuestra Constitución, sino que también quiero rendir tributo a la gran generación de españoles que la hizo posible con su esfuerzo y con su voto. Quiero, por tanto, recordar a nuestros mayores, a los que hemos perdido y también a los que han sufrido en los hospitales o en la soledad del confinamiento.
Este año debemos ser más conscientes que nunca de la vigencia de los valores colectivos reflejados en el articulado de nuestra Ley de Leyes. Juntos, estamos librando una batalla contra un virus frente al cual los servicios públicos asumen un significado muy especial. Hemos podido redescubrir la gran labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de las Fuerzas Armadas, así como de los servidores públicos en general, muy singularmente el de los profesionales de los servicios públicos de salud de todas las administraciones. Todos representan la concreción de derechos y valores reconocidos en nuestra carta magna.
El pacto constitucional se consiguió fruto del compromiso con la libertad de españolas y españoles que decidieron acabar con uno de los periodos más sombríos de nuestra historia. Con la Constitución hemos derrotado el terrorismo, con la Constitución hemos superado las consecuencias de diversas crisis económicas, con la Constitución hemos avanzado en el estado autonómico a través de un reconocimiento territorial como fuente de riqueza y no de conflicto. Y con nuestra Constitución europeísta vamos a superar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia.
El mejor homenaje que hoy le podemos rendir a nuestra constitución es huir de todo afán de patrimonializar parte de su contenido, ensanchando lo que en esencia es un éxito colectivo. Su mayor virtud radica en la paternidad compartida como instrumento de conquistas y denuncias, primando el acuerdo a la imposición y formando su resultado un todo. Así, cuando aceptamos la Constitución la aceptamos en su totalidad, con su necesaria pluralidad ideológica que le permite acoger diferentes sensibilidades.
Defender la Constitución también significa enriquecerla, a través del desarrollo legislativo para que las nuevas telas del presente no rompan por tensión las arduas costuras del pasado. Para ello resulta imprescindible dar una respuesta a los nuevos derechos y libertades de nuestra sociedad contemporánea, a la consolidación del Estado del Bienestar y a la resolución satisfactoria de nuestro modelo territorial, superado por el desarrollo del estado de las autonomías tras más de 40 años de vigencia.
Y nuestra obligación es que nuestra Constitución también sea la de los ciudadanos nacidos después de los años 60, muchos de ellos nativos digitales, formados y educados en unos valores cívicos y ciudadanos que revindicaron sus padres y madres, las generaciones más preparadas académicamente, hombres y mujeres convencidos de la necesidad de un desarrollo sostenible, de la evidencia del cambio climático, defensores de la igualdad de género y de nuevos valores ciudadanos.
Nuestra Constitución la debemos seguir construyendo día a día con acciones legislativas que solventen anacronismos, reduzcan la distancia entre los derechos formales y reales y reconozcan nuevos derechos, de tal forma que se incorporen al patrimonio legislativo de España.
La patria se hace grande y digna cuando defiende, consolida y amplía los derechos y libertades y no cuando éstas se menoscaban, se limitan o se reducen, degenerándola en el patrimonio ideológico y material de una minoría.
La Constitución española del siglo XXI debe mantener una orientación integradora de todas las instituciones que forman el estado y que refleje la sociedad plural en la que convivimos en paz y libertad a través de la cooperación territorial, la lealtad institucional y un modelo de cogobernanza.
Este progreso social es el que nos debe guiar para profundizar y ampliar la Constitución del siglo XXI: una Carta Magna que reconozca nuevos derechos y libertades, blinde el Estado Social que con tanto esfuerzo ha construido la sociedad española en los últimos 40 años y un modelo de convivencia que de respuesta a la España plural que somos, con la libertad la igualdad y la solidaridad como valores irrenunciables.
La Constitución debe acompañar y reflejar la España actual y avanzar en derechos, libertad e igualdad porque cuando no se avanza, se retrocede y nuestro país, ya decidió un 6 de diciembre de 1978 pasar esa página de la historia.
