Cuando se acerca el 25 de noviembre desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha reclamamos a las instituciones una implicación contundente y explícita en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Exigimos políticas claras, porque son las políticas y su reflejo en la legislación las encargadas de crear una red de protección para las mujeres.
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres estamos viendo como la violencia hacia las mujeres no se sitúa como prioridad política ni a nivel de Estado, ni de autonómica, ni tampoco de municipal. Hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista debe ser la absoluta prioridad.
Si, tal y como ha reconocido el Gobierno de Castilla-La Mancha, el 90% de las medidas de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género ya estaban implementadas, y que por tanto parte del 10% restante, sospechamos que era la medida estrella de la asignatura de igualdad, el compromiso de la Junta de Comunidades se presenta inoperante a pesar de lo que se esfuerzan en publicitar.
La asignatura de igualdad está ahora está paralizada, tal y como se ha reconocido recientemente. Está en el limbo debido a la mojigata implicación de la Consejería de Educación con la conferencia de escuelas católicas. No veremos la asignatura de igualdad implementada en todos los centros en pro de conservar la “paz educativa” con la concertada, algo que prefiere el Gobierno de Castilla-La Mancha a cimentar la igualdad en la sociedad aunque se tenga que remover obstáculos.
¿Para qué hemos hecho este viaje? Es evidente que lo hemos hecho para sus fotos, sus notas de prensa, sus abrazos emocionados y sacar pecho delante del electorado.
Nosotras en Izquierda Unida somos más ambiciosas, queremos que la religión salga del horario docente y se incorporen dos horas con especialistas en igualdad en todos los centros y en todos los cursos, porque no tenemos una crisis religiosa, tenemos una crisis de igualdad, tenemos un problema con la violencia hacia las mujeres, tenemos un problema de machismo. Y no queremos renunciar a educar en igualdad.
Tenemos toda la responsabilidad frente a las mujeres, frente a las hijas, frente a las amigas y frente a nuestras hermanas para no salir publicitando medidas que confundan y que no ayudan a hacer creíbles las políticas, si no van suficientemente dotadas y con un calendario de implantación explícito.
¿Cómo vamos a combatir las injusticias y las violencias si no tenemos dinero para poner en marcha una ley, si no están recogidas en ninguna parte todo tipo de violencias como son la prostitución, la brecha salarial que inciden en la pobreza de las mujeres o los vientres de alquiler?
No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado. Por eso, defendemos que no puede considerarse la prostitución como profesión, ni actividad legalizable; y que cualquier propuesta política debe partir de su consideración de violencia de género y de atentado contra los Derechos Humanos de las mujeres. Desde Izquierda Unida apostamos por el desarrollo de políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución, que pasen por la penalización al proxeneta y al prostituidor y, en ningún modo, a las mujeres en situación de prostitución.
La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no lo olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene un significado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado, cada vez con menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y amparándose en la desigualdad para satisfacer sus deseos ignorando los derechos de las mujeres y los niños a no ser tratados como objetos de consumo.
La pobreza es una de las peores violencias, ya que empuja y condena a muchas mujeres a la prostitución. La pobreza hace que las mujeres decidan vender sus vientres para poder alimentar al resto de sus hijos. La pobreza provoca violencia sobre las mujeres y en nuestra región las tasas de pobreza femenina son 2,4 puntos superiores a las masculinas.
Municipios y Diputaciones e instituciones se suman todos los años a realizar declaraciones, manifestaciones y diversos manifiestos; sin duda este año en el entorno del 27-N volverán a realizarla, pero pocos serán los que se decidan a rendir cuentas sobre las medidas adoptadas desde el año anterior como compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
