Fuente: elpaís.com

Todo iba sobre ruedas para Manuel Medina en mayo de 2006. A sus 35 años, recibía el premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete por haber creado un servicio de gestión de residencias de ancianos y disminuidos psíquicos. Un año más tarde conseguía una subvención de la Junta de Castilla-La Mancha para gestionar 21 plazas concertadas para este tipo de enfermos, lo que reportaría a su compañía más de 600.000 euros durante los próximos seis años. Su empresa, Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas (IACG), gestionaba directa o indirectamente más de 465 plazas y empleaba a unas 100 personas distribuidas en siete centros. Pero algo se torció. El pasado 26 de febrero ingresaba en la prisión de La Torrecica, condenado a 32 meses de cárcel por intrusismo profesional y falsificación de documento público.

Medina nunca acabó la carrera, pero esto no le impidió ejercer de médico. Firmaba certificados de defunción de sus pacientes, prescribía medicamentos y aconsejaba a los profesionales de sus centros sobre las medidas a tomar. También daba entrevistas a la prensa y participaba en numerosos seminarios. En 2009 presentó un acto junto a la delegada de Salud y Bienestar Social, Angelina Martínez. En 2005 incluso se permitió explicar, en una conferencia, el informe Sitges sobre la necesidad de respetar los valores “médico-legales”.

Las sospechas sobre su colegiación, sin embargo, fueron aumentando al mismo ritmo que crecía su empresa. “Había ciertas deficiencias en sus argumentos y explicaciones médicas”, explica un empresario del sector que estuvo a punto de firmar un acuerdo estratégico con IACG. “Nunca se lo preguntamos directamente, pero en el centro y en Albacete había gente que decía que no era médico”, cuenta una joven que trabajó con él de auxiliar de enfermera durante ocho años y que pide anonimato.

En octubre de 2007, la administradora de la Residencia Álamos de Santa Gema, en la que Medina trabajó de gerente entre 2005 y 2007, decidió hacer sus propias indagaciones. La administradora, que no ha querido hacer declaraciones a EL PAÍS, comprobó en el Colegio de Médicos de Albacete que el joven empresario firmaba con el número de colegiado de su padre, Manuel Medina Carrasco, pediatra en Socuéllamos (Ciudad Real). El colegio de médicos lo puso en conocimiento de la fiscalía en diciembre de 2007, pero al ver que el asunto se demoraba presentó un escrito ante un juzgado. Durante el juicio, Medina reconoció haber firmado hasta cinco partes de defunción con el nombre de su padre.

¿Cómo consiguió un tipo que no era ni médico, con una causa judicial abierta desde 2008, un concierto por importe de 587.000 euros, renovado en 2009 y 2011, mas una subvención de casi 32.000 euros para uno de sus centros de formación? El PSOE, que gobernaba en la Junta cuando se concertaron las plazas, se defiende argumentando que el concierto se le concedió a la empresa de Medina, no a él.

 “La compañía presentaba todos los requisitos necesarios”, explica Javier Pérez, por aquel entonces director general del departamento de Personas Mayores y Discapacidad. “El concierto se le podría haber otorgado fuera médico, abogado o profesor”, comenta, y asegura que el servicio prestado en el Centro de Atención de Personas Discapacitadas (CADP) Altozano, donde se acordó el concierto, fue “óptimo” y no hubo ninguna queja.

El Partido Popular, que llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha en mayo de 2011, tampoco revocó el concierto hasta el pasado enero. La rescisión de la subvención no tuvo, además, nada que ver con el proceso judicial, sino que fue cancelado ante una “ausencia reiterada de prestación de los servicios”, según aclara la Junta.

La sentencia dictada en febrero de 2012 por la juez de lo Penal número 3 de Albacete, María de los Ángeles Pardo Sánchez, le impuso a Medina una condena de 32 meses de prisión. Puede que no sea la única que tenga que cumplir. A principios de febrero pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias por su gestión en la residencia de ancianos Gerialba y en el CADP Altozano, ambos cerrados en esas mismas fechas.

Los empleados de este último centro llevaban trabajando 16 meses sin cobrar. A los de la residencia Gerialba se les adeudan las últimas cinco nóminas. Los impagos y retrasos en los pagos, no obstante, han sido la tónica habitual durante los últimos tres años, según afirman varios trabajadores. Acumuló una deuda de más de dos millones de euros y no tenía ni un proveedor en todo Albacete que quisiera servir comida a sus centros debido a los continuos impagos. Pese a eso, Medina seguía insistiendo a sus trabajadores que aguantaran, que la situación se resolvería.

 “Era un encantador de serpientes, tenía mucha labia”, explica la joven auxiliar de enfermería del CADP Altozano. Tal era su poder de convicción, que esta misma empleada le sigue considerando “buena persona” a pesar de haberle tenido trabajando durante los últimos 16 meses sin cobrar, hasta que la Junta decretó el cierre de los centros, dejó a los empleados en la calle y realojó a los pacientes.

Los familiares de los atendidos en los establecimientos de IACG no saben dónde han ido a parar los 1.900 euros mensuales por paciente que han estado pagando hasta el último día. Tampoco dónde ha ido a parar todo el dinero de los conciertos que tenía con la Junta. En las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, la empresa no declaró ningún tipo de subvención en sus balances de cuentas presentados en el Registro Mercantil, a pesar de haberlas recibido.