Los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha registraron en 2012 un 13,2 por ciento menos de denuncias por violencia de género respecto al año anterior, según la estadística difundida esta semana por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las denuncias por violencia de género bajaron en todas las comunidades autónomas menos en Baleares y Madrid, donde la tasa creció un 7,2 por ciento y un 1, 09 por ciento, respectivamente. Así pues, la media nacional de denuncias por este motivo registró un descenso del 4,1 por ciento, al pasar de 134.002 en 2011 a 128.543 en 2012.
Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, la disminución a nivel nacional puede deberse al impacto de la crisis económica tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad, impacto que “no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia”. “Si se compara el año 2012 con el año 2008, cuando comenzó la crisis económica, la disminución de denuncias se sitúa en el 9,6%”, ha ejemplificado.
Además, Montalbán ha destacado “el esfuerzo” social e institucional realizado en los últimos años en la lucha contra la violencia de género y ha expresado su confianza en que “los recortes económicos no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia”. Por ello, ha pedido que se mantengan “todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas”.
Según ha indicado, si bien en el siglo XX dichos recursos han estado enfocados a la protección de la mujer, en este nuevo siglo, los esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones tienen que centrarse en la mujer y en sus hijos. “Los menores son utilizados como instrumentos para causar daños a las madres, fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista tiene una especial intencionalidad”, ha subrayado.
Por comunidades autónomas, Andalucía registró un descenso en las denuncias por violencia de género del 2,9 por ciento en 2012 respecto a 2011; en Aragón bajó un 4,8 por ciento; Asturias (-8,4 por ciento), Canarias (-4,3 por ciento); Cantabria (-5,3 por ciento); Castilla y León (-13,2 por ciento); Castilla-La Mancha (-12,19 por ciento); Cataluña (-3,7 por ciento); Valencia (-3,8 por ciento); Extremadura (-1, 4 por ciento); Galicia (-7,08 por ciento); Navarra (-8 por ciento); País Vasco (-6,5 por ciento); y La Rioja (-1, 26 por ciento).
AUMENTAN UN 0, 9% LAS RENUNCIAS A CONTINUAR EL PROCESO
El estudio, basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) de España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas, revela que el 72,06% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 13,51% derivado de la intervención directa de la Policía, el 11, 47% de partes de lesiones y el 1, 26%, por los familiares de la víctima. Mientras, indica que el 1, 7% fueron denuncias presentadas como resultado de la intervención de los servicios asistenciales.
Además, muestra que en 2012 se produjeron 15.592 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, lo que supone un 12,1% en relación con el número de denuncias presentadas y un incremento de un 0, 9% respecto a 2011.
Por otra parte, de los datos se desprende que en casi seis de cada diez casos (55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección, mientras que en los otros cuatro de cada diez (45%) la relación afectiva se había extinguido, tendencia que también se mantiene estable respecto al año anterior.
Asimismo, se observa que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se solicitaron en 2012 un total de 34.556 órdenes de protección, lo que supone un descenso del 3,51% respecto al año anterior. De las órdenes de protección solicitadas (21. 245 órdenes de protección), se estimaron un 61%.
MÁS DE 50. 000 ÓRDENES DE ALEJAMIENTO
Derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares, el año pasado se adoptaron 66.706 medidas penales, entre las que destacan, al igual que en 2011, la orden de alejamiento (acordada en el 81, 2% de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 81%) y la prohibición de volver al lugar (15,2%).
Al mismo tiempo, el estudio revela que se dictaron 16.174 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, manteniéndose la “baja proporción” de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 24,2% acordaron la prestación de alimentos y un 20% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda.
Además, muestra que en 2012 se acordaron 2.556 medidas civiles cautelares de protección al menor, lo que supone el 11, 5% del total. Entre ellas se encuentran la suspensión del régimen de visitas (3,1%); la suspensión de la patria potestad (0, 4% del total); la suspensión de la guardia y custodia (7,1%) y las medidas de protección del menor para evitar un peligro o un perjuicio (0, 9%).
60% DE LAS SENTENCIAS PENALES, CONDENATORIAS
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales en España se dictaron 50. 743 sentencias penales, de las que aproximadamente el 60% fueron condenatorias (30. 284) y el 40% absolutorias (20. 459), en la misma línea que el año anterior.
Igualmente, indica que se tramitaron a través de juicios rápidos —que abordan delitos flagrantes y los de sencilla instrucción que conllevan pena privativa de libertad inferior a 5 años— un total de 54.958 denuncias por delito, lo que supone el 30, 36% del total de denuncias, manteniéndose también la tendencia del año anterior.
Respecto a las faltas, los juzgados celebraron un total de 9.513 juicios de faltas, de los que el 86% (9.620 casos) fueron por vejaciones injustas o injurias, y se celebraron 4.212 juicios rápidos de faltas (el 44% del total de juicios de faltas).
