El objetivo principal de los servicios públicos es generar igualdad y equidad en las sociedades. El 1% de las personas más ricas del mundo acumulan el 82% de la riqueza global del resto de hombres y mujeres. Esto es solo muestra de un sistema fallido. Castilla-La Mancha ha cronificado un 30% de pobreza de la que no somos capaces de salir, en la que es a mes se siguen ampliando las desigualdades y donde nuestro gobierno regional ha eliminado el Ingreso Mínimo de Solidaridad.

¿Qué hacen unos gobiernos ante las situaciones de crisis? La derecha española y toledana optaba por salir de la crisis del 2008 empobreciendo a la clase trabajadora con despidos miserables y masivos, mientras en el Ayuntamiento de Toledo se posibilitaba el corte de suministro de agua, que es un derecho humano fundamental, a las familias que no podían hacer frente el pago del recibo de ese suministro. Al mismo tiempo, la empresa que el ayuntamiento de Toledo acababa de contratar con el dinero de todos y todas gracias a una oferta que se incluía una inversión en la red de agua de más de 100 millones de euros, negociaba con el actual presidente regional el dejar de invertir 70 millones de euros, ya que la previsión de negocio no era la que se pensaban cuando firmaban el contrato pocas fechas antes.



Y llegados a este punto, ¿saben lo toledanos y las toledanas cómo funcionan los servicios públicos de su ayuntamiento? Toledo tiene más de 37 millones de euros en manos de empresas privadas gestionando servicios públicos. La derecha toledana nos dice que si queremos 15.000 funcionarios gestionando esos servicios públicos municipales. Vamos a intentar arrojar un poco de luz.

En breve se licitará el contrato de limpieza viaria y recogida de basura. Hoy lo está ejecutando una empresa privada, por lo que pagamos en torno a 9 millones de euros a para limpiar las calles, recoger las basuras, las papeleras, el baldeo. Además, ese dinero sirve para pagar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras que ejecutan ese trabajo y para ingresar en las cuentas de la empresa un 6% aproximadamente de beneficio industrial.



Cuando se licite próximamente este contrato y se adjudique a la empresa que ofrezca hacer el servicio por menos dinero, nos tendremos que gasta más dinero, ya que habrá que limpiar nuevas zonas de Toledo y pagar a la plantilla que lo haga. Cuando se firme el contrato, el Ayuntamiento de Toledo sacará el dinero de sus cuentas bancarias y se lo ingresará a la empresa mes a mes para que ejecute esos trabajos encomendados, y también para pagar a los trabajadores y trabajadoras.

Esa plantilla, ¿la componen trabajadores de la empresa privada o son realmente trabajadores públicos? La empresa usa el dinero que le damos los toledanos y toledanas para contratar a quien haga el trabajo, pero no arriesga nada. Además, gana con ello ese 6% de beneficio, y se ha dado la paradoja de que, en algunas ocasiones, aunque el Consistorio ha ingresado el dinero en la empresa, ella no ha pagado a la plantilla, quizás para engordar sus cuentas privadas.



Contestamos a la pregunta: las plantillas son públicas cedidas a una empresa que «los gestiona» con criterios empresariales olvidando el objetivo de los servicios públicos de garantizar derechos a la ciudadanía y asegurar una relación laboral digna. No los ha contratado la empresa con sus fondos, los hemos contratado todos y todas nosotras con los fondos municipales.

Además, estas empresas reclaman al Ayuntamiento equilibrios contables para cuadrar las ventas del “negocio” público en el que están trabajando. No arriesgan nada, no van a tener pérdidas y a la plantilla la pagan con lo que se ingresa desde el Consistorio.



Las leyes hechas, aprobadas y defendidas por la derecha posibilitan que a las administraciones les sea más fácil privatizar cualquier servicio que gestionarlo de forma directa. Eso hace que los funcionarios del ayuntamiento de determinados servicios hoy estén por detrás en importancia y valor que las plantillas de las empresas que gestionan servicios municipales. Por eso se prefiere arreglar con una empresa una fuente en la calle antes de que lo hagan unos fontaneros públicos, eliminando con ello la percepción de utilidad y facilitando la entrada de capital privado.

Los ultraliberales y ultracentristas piden que «la cosa pública» rescate el negocio privado que presta servicios públicos municipales o que presta servicios privados. Imagino que han olvidado que cuando hay situación de «normalidad» es el pago de impuestos justos los que permiten llenar unas arcas públicas que luego sirven para cuando vienen complicaciones sanitarias, económicas o sociales.



No tenemos miedo a tener muchos trabajadores municipales, de hecho, creemos que ya los tenemos con este retorcido sistema de gestión, nos da miedo que la administración no sea útil a la clase trabajadora que es la mayoría social y solo lo sea a una élite oligárquica que solo quiere mantener sus privilegios.

Tener más administración es garantía de tener más derechos y, por lo tanto, tener un sistema que empiece a acortar las desigualdades sociales con las que convivimos.



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