La Justicia en Tomelloso está al límite. Denuncias que prescriben sin tramitarse, indemnizaciones que permanecen meses en las cuentas judiciales sin llegar a sus beneficiarios, pensiones de alimentos que no se entregan y juicios que desaparecen de las agendas pese a estar señalados. Son algunas de las situaciones que han denunciado públicamente los abogados y procuradores de Tomelloso en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. Su diagnóstico es contundente: «Si antes la justicia era lenta, ahora mismo está prácticamente paralizada».
La abogada Cortes Cano, portavoz del colectivo, ha comparecido acompañada por numerosos profesionales para denunciar lo que consideran un deterioro extremo del servicio público de Justicia. Una situación que, según ha explicado, se ha agravado con la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que está dejando a los ciudadanos sin respuestas durante meses e incluso años.
«Hoy creemos que hemos llegado a un punto que ya es insostenible y tenemos miedo de que sea un punto de no retorno», ha advertido.
«Hay denuncias que han prescrito sin que se haya hecho nada»
Uno de los ejemplos más graves expuestos durante la comparecencia afecta a las denuncias por delitos leves. Según Cano, los cambios constantes en el reparto de expedientes y la falta de funcionarios han provocado que algunos procedimientos prescriban antes de que lleguen a tramitarse.
«Va un justiciable, presenta una denuncia en un juzgado, le dan un número y, como hemos cambiado de mesa o no tenemos a nadie que esté tramitando esos delitos leves, pues ya ha prescrito la denuncia», ha explicado.
El resultado es que el ciudadano se queda sin una resolución judicial sobre su reclamación.
Los retrasos también afectan a demandas que tardan meses en recibir el siguiente trámite y a sentencias cuya ejecución puede prolongarse durante años. La portavoz ha señalado que hay procedimientos que, después de cinco años de tramitación, necesitan todavía otro largo periodo para conseguir que se cumpla lo resuelto.
«Nos quedamos sin solución. El justiciable no obtiene lo que ha ido a pedir, que es una sentencia que le diga si tiene usted razón o no tiene usted razón», ha lamentado.
Dinero en los juzgados mientras los afectados esperan
Especialmente preocupante es la situación de las cuentas de consignaciones judiciales. Cano ha denunciado que existen cantidades económicas depositadas que tardan meses en entregarse a sus legítimos destinatarios.
Ha puesto como ejemplo el caso de una persona que sufre un accidente y cuya compañía aseguradora ingresa 10.000 euros de indemnización en el juzgado.
«¿Por qué nos tiramos meses y meses con ese dinero depositado en el juzgado sin que se haga entrega de él a quien le corresponda?», ha preguntado.
La abogada ha recordado que detrás de esos expedientes hay personas que necesitan el dinero para afrontar gastos derivados de sus lesiones.
Pero la situación que ha descrito como especialmente grave afecta a las pensiones de alimentos. Según ha denunciado, hay cantidades embargadas judicialmente que se acumulan en las cuentas sin ser entregadas a los menores a los que corresponden.
«Pensiones por alimentos que se están embargando en cuentas, que se van sumando mensualmente y no se entregan a los niños. Que esos niños no es un capricho, necesitan esas pensiones para comer», ha afirmado.
También ha relatado situaciones en las que abogados y clientes acuden a un juicio y descubren que no aparece en la agenda del órgano judicial, a pesar de haber recibido la citación correspondiente.
Mesas vacías, funcionarios sin formación y expedientes que cambian de manos
La falta de personal es otro de los problemas centrales. Cano ha denunciado que existen bajas que permanecen meses sin cubrir. Como ejemplo, ha citado una ausencia que se prolonga desde el 27 de junio.
«¿Qué supone una baja? Que esa mesa se queda vacía. Y la tramitación de los procedimientos que lleva esa mesa no la toca nadie, excepto alguna cuestión muy urgente», ha explicado.
Cuando se cubren determinadas vacantes, según la portavoz, llegan trabajadores sin experiencia previa en Justicia y sin una formación mínima para desempeñar sus funciones. Sus propios compañeros deben enseñarles, dejando temporalmente de atender sus expedientes.
A este problema se añade la reorganización derivada de la Ley Orgánica 1/2025, que ha transformado los tres juzgados de Tomelloso en un Tribunal de Instancia.
Cano ha criticado que los criterios de reparto de procedimientos cambien continuamente, de manera que un funcionario puede pasar de tramitar divorcios a encargarse de delitos leves, mientras otro trabajador debe revisar desde el principio los asuntos que ha dejado pendientes.
«Antes había un juzgado que iba bien, otro regular y otro un poquito peor. Ahora ni el que iba bien es capaz de mantener su bien, el que iba mal va muchísimo peor y, al juntarlo todo, todo va fatal», ha resumido.
La portavoz ha insistido en que los funcionarios también son víctimas de esta desorganización y ha reconocido el esfuerzo que realizan para mantener el servicio.
Un Registro Civil con el techo hundido y juzgados sin calabozos
El deterioro de las instalaciones judiciales ha ocupado también buena parte de la denuncia.
Cano ha recordado el hundimiento del techo del Registro Civil, que obligó a cerrar sus dependencias y trasladar a los trabajadores a un espacio que anteriormente se utilizaba como archivo. Aunque el incidente no provocó heridos, las oficinas afectadas continuaban cerradas en el momento de la comparecencia.
Para la portavoz, aquel hundimiento representa gráficamente la situación que atraviesa la Justicia en Tomelloso.
A ello se suma la existencia de dos sedes judiciales, situadas en las calles Pintor Francisco Carretero y Cervera, que obligan a funcionarios, jueces y profesionales a desplazarse constantemente de un edificio a otro.
La falta de calabozos provoca, además, que los detenidos permanezcan en espacios donde coinciden con ciudadanos que acuden a realizar otros trámites.
«¿Es esto en el siglo XXI? Que la persona a la que se ha privado de libertad de manera temporal tenga que estar a la vista de todo el mundo», ha cuestionado Cano, que ha defendido el derecho a la intimidad de las personas detenidas.
La abogada ha explicado que, ante la falta de instalaciones adecuadas, la Guardia Civil debe trasladar a los detenidos de uno en uno, con el consiguiente retraso de las actuaciones judiciales.
También ha denunciado que durante el verano la sede de la calle Cervera llegó a estar atendida por un único funcionario, mientras en las dependencias de Pintor Francisco Carretero faltaba espacio para trabajar.
«Queremos un juez, un letrado de Justicia y dos o tres funcionarios»
El colectivo no se ha limitado a denunciar la situación. Ha planteado una serie de medidas que considera urgentes para intentar recuperar el funcionamiento de los juzgados.
La principal es incorporar un juez, un letrado de la Administración de Justicia y al menos dos o tres funcionarios dedicados exclusivamente a tramitar los expedientes acumulados.
«Queremos pedir un refuerzo para el juzgado. Queremos pedir un juez, queremos pedir un letrado de la Administración de Justicia y queremos pedir al menos dos o tres funcionarios que se dediquen exclusivamente a desatascar el atasco que tenemos», ha reclamado Cano.
Los profesionales piden también que se cubran las bajas y vacantes, que se imparta formación a los nuevos trabajadores y que se establezcan criterios estables de reparto de procedimientos.
A estas exigencias se añade la creación de un cuarto juzgado y la asignación de un fiscal permanente a Tomelloso, otra reivindicación que lleva años pendiente.
Décadas esperando un edificio judicial que nunca llega
La construcción de una nueva sede judicial es una reclamación histórica del colectivo.
Cano ha recordado que el Ayuntamiento ha ofrecido terrenos en diferentes ocasiones y que las cesiones han tenido que renovarse con el paso de los años sin que el edificio llegue a construirse.
También ha explicado que se estudiaron alternativas para reunir provisionalmente los juzgados en un único inmueble, pero que las propuestas no prosperaron por falta de financiación.
Según ha señalado, algunas de esas soluciones apenas requerían inversión e incluso podrían haber permitido ahorrar dinero al eliminar el alquiler de la sede de la calle Cervera.
El colectivo exige que se acelere la construcción del edificio judicial y que, mientras tanto, se busque una ubicación que permita reunir las dependencias actuales.
«No vamos a permitir que nadie nos diga que no hemos dicho nada»
La rueda de prensa ha reunido a abogados y procuradores que han querido expresar públicamente su unidad ante una situación que aseguran llevar meses denunciando ante sus colegios profesionales y las autoridades judiciales.
Entre los asistentes se encontraban representantes de ambos colegios, así como profesionales vinculados a las candidaturas de las próximas elecciones colegiales. Cano ha dejado claro que las reivindicaciones son compartidas por todo el colectivo.
La portavoz ha anunciado que seguirán llamando a las puertas del Ministerio de Justicia, la Gerencia Territorial y los órganos superiores de la judicatura para exigir soluciones.
«No vamos a permitir que nadie nos diga el día de mañana que no habéis dicho nada. Nosotros nos quejamos continuamente», ha afirmado.
También ha querido dejar claro a los ciudadanos que los retrasos no dependen únicamente de la actuación de sus abogados.
«Los grandes perjudicados, desde luego, son los ciudadanos», ha insistido, recordando que detrás de cada procedimiento hay personas esperando una indemnización, una pensión, una sentencia o una resolución sobre sus hijos.
