Ecologistas en Acción pone bajo la lupa el proyecto de centro de datos para IA anunciado en Tomelloso

Una investigación incluye el proyecto de la localidad entre una cartera de ocho centros vinculados a Blackberry AIF y EdgeMode y reclama comprobar su situación urbanística, energética, ambiental y financiera antes de dar por acreditada su viabilidad

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El proyecto de un centro de datos destinado a inteligencia artificial en Tomelloso aparece entre las ocho instalaciones analizadas en una investigación difundida por Ecologistas en Acción que plantea dudas sobre la viabilidad de varios de los proyectos promovidos por Blackberry AIF y vinculados a la compañía estadounidense EdgeMode.

La investigación estudia una cartera formada por centros de datos anunciados en Tomelloso, Vianos, Mora, Villasequilla, Córdoba, Torrecampo, Cáceres y Tocumen, en Panamá. Según Ecologistas en Acción, la documentación examinada muestra que varios de ellos se encuentran todavía en fases administrativas iniciales o presentan condicionantes técnicos y urbanísticos.

En el caso concreto de Tomelloso, la nota difundida no detalla problemas técnicos, ambientales o urbanísticos específicos ni concreta en qué punto se encuentra actualmente su tramitación. Sí señala que este emplazamiento se incorporó posteriormente a los acuerdos empresariales entre Blackberry AIF y EdgeMode, junto con Villasequilla y Tocumen.

La investigación explica que ambas compañías alcanzaron acuerdos para desarrollar estos centros hasta la denominada fase Ready-to-Build (RTB), es decir, hasta dejarlos preparados para iniciar su construcción y poder eventualmente vender los proyectos a terceros.

El análisis comenzó a raíz del proyecto de Vianos, en Albacete, que sus autores consideran el más avanzado administrativamente de esta cartera. Allí señalan dificultades relacionadas con el abastecimiento energético y de agua, el carácter rústico de los terrenos y posibles afecciones sobre bienes públicos y otros elementos del entorno. La organización utiliza este caso para cuestionar si las condiciones anunciadas para el conjunto de los proyectos se corresponden con su situación administrativa real.

El informe también analiza la relación económica entre Blackberry AIF y EdgeMode. Según la documentación recogida por sus autores, las dos compañías constituyeron una sociedad conjunta en las Islas Caimán y acordaron financiación para desarrollar la cartera. La investigación sostiene que Blackberry AIF habría recibido inicialmente 500.000 dólares y tendría comprometidos otros 11,15 millones de dólares para los proyectos.

Ecologistas en Acción también pone el foco en la situación financiera de EdgeMode. Según las cifras de su informe anual de 2025 recogidas en la investigación, la compañía cerró ese ejercicio con un patrimonio neto negativo de 18,8 millones de dólares, y su auditoría planteaba dudas sobre su capacidad para continuar operando bajo el principio de empresa en funcionamiento.

El documento plantea además diferentes cuestiones que, a juicio de sus autores, deberían ser investigadas por los organismos correspondientes, entre ellas posibles discrepancias entre la situación administrativa de algunos proyectos y la información trasladada a inversores. También menciona como hipótesis una posible dinámica especulativa relacionada con la cotización de EdgeMode, aunque la propia investigación recalca que se trata de una posibilidad pendiente de acreditar y no de un hecho probado.

Para Tomelloso, por tanto, el informe no concluye que el centro de datos anunciado sea inviable ni identifica irregularidades concretas vinculadas al proyecto de la localidad. Lo que hace es incluirlo dentro de una cartera empresarial sobre la que Ecologistas en Acción reclama una comprobación independiente de la situación urbanística, ambiental, energética y financiera antes de considerar asegurado su desarrollo.

Las posibles irregularidades recogidas por Ecologistas en Acción proceden de las hipótesis y conclusiones de la investigación difundida y no implican por sí mismas la existencia de infracciones administrativas o delitos probados, cuya determinación correspondería a los organismos reguladores o, en su caso, a los tribunales.

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