La Junta investiga el alquiler de una vivienda protegida de Milagros Tolón mientras su entorno defiende que es legal

El Gobierno regional analiza si se cumplieron los requisitos administrativos, mientras fuentes cercanas a la ministra aseguran que no necesitaba autorización para alquilar el inmueble

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El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando el expediente de una vivienda de protección oficial (VPO) propiedad de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, para comprobar si su alquiler se ajustó a la normativa. Por su parte, fuentes del entorno de la ministra sostienen que el arrendamiento era legal y que no requería autorización autonómica.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha explicado este miércoles que consta una comunicación antigua de Tolón en la que manifestaba su intención de alquilar el piso, aunque no se ha localizado ningún permiso ni otra documentación relacionada con el arrendamiento.

La Consejería está comprobando qué requisitos eran aplicables a la vivienda y si necesita solicitar información adicional a su propietaria. Padilla ha pedido prudencia y ha asegurado que, una vez concluido el análisis, la Junta actuará con los mismos criterios que aplicaría a cualquier ciudadano.

El entorno de Tolón asegura que podía alquilar la vivienda desde 2008

Fuentes cercanas a la ministra han explicado que el inmueble fue adquirido en 1998 y que su calificación definitiva ya contemplaba la posibilidad de venderlo o alquilarlo.

Además, aseguran que Tolón solicitó un informe jurídico que, teniendo en cuenta el Decreto 173/2009, establecía que la vivienda podía destinarse al alquiler desde el 27 de enero de 2008, una vez transcurrido el periodo de diez años durante el que, según su interpretación, era necesaria la autorización autonómica.

Por tanto, defienden que cuando el inmueble comenzó a alquilarse en 2012 ya no existía esa obligación.

Las mismas fuentes niegan que se haya especulado con la vivienda y afirman que el precio del alquiler, reflejado en la declaración de la Renta de Tolón, ha estado por debajo del máximo permitido y del precio de mercado.

Asimismo, sostienen que la ministra actuó de buena fe, con asesoramiento jurídico, y que está dispuesta a facilitar a la Junta toda la documentación que necesite.

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